martes, 2 de junio de 2015

Mi tia Maria





Pase gran parte de mi niñez en el barrio de Breña, muy cerca al cine Danubio,  vivíamos en una casona antigua, nuestra vecina, y con esto quiero decir que vivía en la puerta más próxima a la nuestra, era mi tía María, mi madre nunca se llevó bien con ella, porque era chismosa y muy metiche, quería influir en lo que nosotros debíamos o no hacer; por eso nunca tuvimos una relación cercana con ella.
Pero no es de esa tía María la que quiero hablarles hoy día;  Tía María significa  hoy en día,  el futuro de todo proyecto minero en el Perú, eso explica, en parte, la ignorante tozudez del gobierno por llevar adelante este proyecto a todo costo social ; hace unos días leí, en un periódico local, el análisis de Marco Martos acerca del conflicto, muy acertado por cierto; a lo que tendría que agregar que la dicotomía que se trata de presentar en este conflicto es totalmente falsa, no se trata de pro mineros y anti mineros, el problema traspasa los límites de la minería, es un problema que tiene que ver con los fundamentos de la convivencia y la supervivencia de los seres humanos en este planeta.
Habría que empezar por reconocer que toda actividad extractiva afecta el entorno ambiental y el balance  ecológico del área, tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, como la tala y la minería modifican el medio ambiente y afectan el balance ecológico, por tanto ponen en peligro la forma de vida de las poblaciones; unos con más fuerza que otros, dependiendo de los factores de intensidad y ubicación geográfica entre otros.
Sin embargo, debemos también reconocer que la minería, tanto así como la agricultura y la ganadería, tienen su necesidad de ser, para la supervivencia, el progreso y la comodidad del ser humano; unos nos proveen del alimento y el otro de la materia que nos permite disfrutar una calidad de vida superior. Sin mencionar, algo realmente importante en la realidad social de nuestro país actualmente, la enorme fuente de divisas proveniente la exportación de mineral, y que es una parte sobresaliente de nuestro crecimiento económico.
Todo proyecto extractivo, no solo los de la minería, deben contar con el respaldo de los respectivos estudios de impacto ambiental y el acuerdo con las poblaciones de las áreas afectadas.
El problema presenta cuatro aspectos fundamentales, el primero, exigir que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para evitar los daños en el entorno ambiental durante la explotación; el segundo, exigir la reparación hasta donde sea posible de los daños inevitables causados por la explotación e incluso después de terminado el periodo de explotación; el tercero, definir los beneficios correspondientes, de las ganancias comerciales, tanto para la empresa extractora, como para la población afectada, y para el Estado proveedor de la riqueza natural; y en cuarto lugar, el más complicado de todos, encontrar representantes honestos en cada una de las partes en conflicto para negociar un consenso de los primeros tres puntos.
Es obviamente muy difícil encontrar representantes honestos, en las partes afectadas, como se demuestra después de los escandalosos audios difundidos por la prensa, poniendo al descubierto las exigencias monetarias de un grupo de dirigentes  para levantar el paro contra la minera en Islay; cuando se trata de negociar un emprendimiento que va a mover ingentes cantidades de dinero, esto en un país donde los índices de pobreza extrema continúan siendo muy altos.
El conflicto llevado a sus extremos por la ignorancia de los responsables de manejarlo, ha provocado, ya varios muertos y muchos heridos, en ambas partes; declarar el estado de emergencia y militarizar el conflicto  no va a detener la escalada de violencia, solo va a cambiar la naturaleza del mismo, tornándolo más político de lo que ya está.
Ciertamente la economía del país se vería gravemente afectada sin las inversiones mineras, es una legítima preocupación del gobierno, pero imponer estas decisiones a sangre y fuego no facilitara la llegada de las inversiones; la paz social, así como la estabilidad de las leyes y un gobierno legitimado, requeridos para convertirnos en un atractivo entorno para las grandes inversiones, solo se logran con estructuras políticas que permitan un consenso social.
Si el problema presenta los cuatro aspectos, antes referidos, la solución del conflicto presenta dos principales aspectos:
1-      El más importante, para cualquier tipo de conflicto, desde las pequeñas disensiones familiares, hasta los debates entre Estados, es tener una real voluntad de dialogo, donde aceptas que negociar significa que cada parte debe estar dispuesto a ceder parte de sus intereses en pos de llegar a un acuerdo; esto ya nos sirve para sentarnos en la mesa de dialogo.
2-      Posterior a esto necesitamos una representación legítima; nuestra democracia sufre mucho con el sistema de delegación de poderes, una persona o un pequeño número de ellas no deberían tomar decisiones en nombre de otras, especialmente cuando estas decisiones van a significar un importante cambio en la forma de vida de la población.
La única forma, no de eliminar la corrupción, porque los funcionarios corruptos siempre encontraran nuevas formas de intervenir, pero sí de minimizar su accionar, es que la representación se legitimase mediante los mecanismos de democracia directa, cada representante no está llevando a la mesa su propio plan, su punto de vista o sus pensamientos personales, sino que lleva un mandato discutido y decidido previamente en sus bases.
La actual crisis provocada con los proyectos, Bagua, Conga, Tia Maria y últimamente Cuajone, es consecuencia de la falta de autoridad del gobierno, con falta de autoridad no quiero decir mano militar, sino por el contrario falta de legitimidad, esa que algunos sienten ganada permanentemente porque una vez ganaron una votación; tienen que entender que hace siglos dejamos atrás los sistemas monárquicos en que los reyes gozaban de carta blanca para gobernar, actualmente el gobernante debe ganarse la legitimidad día a día, no se puede esperar que siempre estemos de acuerdo con todas las decisiones que se toman, pero tampoco podemos aceptar que se trasgreda continua y consecutivamente la voluntad ciudadana.
Que existen grupos violentistas que están explotando la crisis, es muy posible, pero ninguno de ellos tuviera el menor chance si esta hubiera sido manejada debidamente; solo la increíble incapacidad y testarudez del gobierno ha generado suficiente campo de cultivo para que los grupos más radicales encuentren base sobre la cual erigirse.
Una vez más, el dilema entre pro mineros y anti mineros, es falso, lo que tienen ambos en común es un temor extremo a enfrentar a las grandes transnacionales mineras; los pro mineros, temen enfrentarles porque podrían perder los beneficios y comisiones que estas grandes inversiones conllevan, así como a las graves consecuencias para la economía del país si estas amenazaran con retirarse; y los anti  mineros, temen enfrentarse a los inmensos poderes de estas transnacionales, porque no quieren arriesgar el pobre entorno de vida en que se desenvuelven y no confían en los ofrecimientos y promesas de autoridades que siempre les han dado la espalda luego que han obtenido su voto.  Ambos sectores necesitan deshacerse de sus miedos y prejuicios y enfrentar en conjunto el dilema en común: Negociar con las empresas mineras en términos de equidad.
Estamos aún a tiempo que se tomen medidas positivas y se impida mayor derramamiento de sangre, ni de los pobladores ni de los policías, y dar los pasos necesarios para que se restablezca la autoridad del gobierno y se respete la voluntad ciudadana.
   


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