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lunes, 12 de agosto de 2019

¿AGRO SI, MINA NO?


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La reciente crisis, surgida a partir del conflicto entre la población del valle del Tambo y la minera Southern, ha puesto nuevamente sobre el tapete la discusión sobre la factibilidad de la actividad minera en particular y extractiva en general, en el Perú.
No es, efectivamente, un problema nuevo, se ha visto las dificultades poco antes con el proyecto Conga y en Las Bambas, también, desde muchos años antes, comprobamos los grandes da os que ha ocasionado la minería a tajo abierto en Cerro de Pasco, La Oroya, Toquepala; entonces no podemos cerrar los ojos y tratar este problema como si fuera solo un conflicto con unos campesinos ignorantes y manipulados políticamente para oponerse al progreso, dañando la economía del país, como, interesadamente, quieren proponer algunos sectores políticos.
Indiscutiblemente el Perú es un país minero, nuestro suelo ha sido dotado con innumerables riquezas, no solo de metales preciosos, sino incluso de elementos raros de gran demanda en la industria moderna; la economía del país ha estado sustentada en parte importante por los ingresos provenientes de la extracción minera; no podemos ignorar esta realidad, no es posible simplemente decir agro si, minería no, es una falacia, necesitamos la actividad minera para la supervivencia económica de la nación.
Pero otro escenario que no podemos ignorar, es que a diferencia de los recursos de origen animal o vegetal, de los cuales tenemos que evitar el sobreconsumo para dar el tiempo necesario para su reproducción, los recursos minerales no son renovables, por tanto, en primer lugar, no podemos volvernos dependientes de un recurso que en un momento determinado va a agotarse, estamos obligados a diversificarnos, a fortalecer otros sectores económicos, para asegurarnos como país emergente; en segundo lugar, si vamos a vender nuestros recursos, tenemos que conseguir el mejor precio por ellos, negociando con las extractoras en condiciones favorables y además dejemos de exportar mineral bruto, démosle valor industrial al metal antes de abandonar el país, brindando mejores empleos a nuestra población, extendiendo nuestra frontera tecnológica y e impulsando la participación del Estado en el desarrollo nacional.
La pregunta importante aquí es: ¿puede la agricultura convivir con la minería? La respuesta, para mi evidente, es SI, pero para que esto funcione necesita de una estricta regulación; no es aceptable que, en función a privilegiar los ingresos monetarios, que brinda la minería, perjudiquemos irreparablemente nuestra producción agrícola, convirtiéndonos en un país importador de alimentos, perjudicando no solo la economía del país, sino creando un inmenso conflicto social con los campesinos, sin contar con los perjuicios a la ecología del planeta.
Entonces, ¿Qué se necesita para que agricultura y minería coexistan?
Empecemos por reconocer que no existe actividad productiva que no cause daño ecológico, incluida la agricultura, en la mayoría de estas podemos medir su intensidad de manera que permitamos la recuperación del daño, pero en el caso de la minería, por ser un recuso no renovable, no existe esta posibilidad, la única alternativa es minimizar el daño, de manera que se establezca un balance entre los beneficios producto de la extracción y el impacto negativo de tales operaciones; esto es lo que llamamos minería responsable.
¿Cómo distinguimos a la minería responsable? Hay ciertos factores que tienen que cumplir.
1.    El pago de la renta por la tierra que van a ocupar.
a.    Porque la tierra pertenece generalmente a comunidades campesinas quienes han ejercido su derecho de propiedad desde tiempos ancestrales.
2.    El pago por el uso del agua.
a.    Porque igualmente el uso del agua de los ríos y lagunas está regulado por juntas de usuarios y una ley de aguas.
b.    Porque se debe garantizar el agua para las comunidades campesinas y las poblaciones aledañas.
c.     Porque se debe garantizar que la empresa tenga un proceso de descontaminación de las aguas que utiliza para los relaves.
3.    El pago de impuestos proporcionales, sobre el valor de la extracción, tanto a la comunidad propietaria de la tierra, al distrito, a la provincia, a la región, como al Estado.
a.    Porque no solo el Estado tiene que recibir los beneficios de la riqueza que se extrae de nuestro territorio, también cada una de las poblaciones que están en el proceso.
4.    Elaboración de una legislación minera que obligue a las empresas extractoras a construir todas las estructuras necesarias y el uso de la más alta tecnología que minimice el daño causado, tanto al ambiente ecológico, como a la población y economía local.
5.    El pago de reparaciones de los daños ecológicos, estructurales y de infraestructura causados por su actividad.
a.    Porque no hay minería que no sea dañina, por eso es necesario que la ley exija que las empresas mineras consideren un presupuesto para reparar esos daños en lo máximo posible.
b.    Porque las reparaciones no tienen que esperar hasta el fin de las operaciones, cada año se puede hacer una evaluación y ejecutar los avances que sean posibles, las reparaciones que no puedan ser hechas en adelanto, se deberían ser cotizadas y el monto depositado en una cuenta intangible para garantizar la ejecución cuando esta sea pertinente.
c.     Porque ante la eventualidad de un cierre de operaciones, tiene que estar contemplada la restauración del espacio en la medida de lo posible.
6.    Un plan operativo para disponer eficientemente de los desechos químicos, aguas residuales, relaves y toda clase de despojos producto de sus actividades.
a.    Porque las empresas tienen que hacerse responsables de todo tipo de desechos que producen sus operaciones, evitando el daño al medio ambiente y a las poblaciones aledañas.
b.    Porque debe darse preferencia a plantas de tratamiento que corrijan la toxicidad de los residuos y/o puedan ser reciclados para otros usos.
7.    Se refieren a árbitros internacionales compuestos con acuerdo de las partes para la resolución de conflictos
a.    Porque ante un conflicto o la necesidad de una interpretación, debe existir una entidad que tenga la confianza de ambas partes para determinar una solución.
El caso especifico del proyecto Tía María en el valle del Tambo, Arequipa, a generado una crisis política debido a que la empresa que intenta llevar a cabo el proyecto ha utilizado métodos inapropiados para tomar dicha locación, haciendo uso de trucos administrativos, corrupción de funcionarios  y manipulación de los pobladores, por ende  ha perdido totalmente la confianza de los ciudadanos del Valle, que no pueden tener la certeza de que, ahora sí, cumplirá con los compromisos que se le requiere.
Como en todo contrato, que significa un acuerdo, tras una negociación, la piedra angular es la confianza entre las partes, si esta no existe, difícilmente puede tener éxito ningún acuerdo.
¿Las opciones? Cancelar los acuerdos con la minera Southern y buscar otra nueva empresa que sea confiable con sus compromisos o redactar un contrato tripartito entre el Estado, la minera y la población, donde no solo se especifique detalladamente los compromisos de la minera, sino que además se anoten las sanciones que se tomaran por cada incumplimiento y la conformación de una comisión de garantes del acuerdo, donde tengan representación el Estado y las autoridades locales, quienes juzgaran los cumplimientos debidos.
Queramos o no, la minería va a estar presente en nuestra patria por un largo tiempo aun, tenemos que afrontarla como un país soberano, y obtener de ella los beneficios para el surgimiento económico y social de nuestra patria, pero debemos, también, cuidar de nuestros ciudadanos y de la tierra que estamos heredando a las siguientes generaciones.

jueves, 4 de abril de 2019

BAMBOLEOS EN LAS BAMBAS


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El conflicto surgido en Apurímac con la minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba, ha generado diversas reacciones, lo que es evidente es que ha sido muy mal manejado por el gobierno.
En primer lugar, un sector importante de la prensa ha tratado de crear una imagen negativa de los comuneros, anunciaron que la empresa minera ocupo la tierra que pertenecía ancestralmente a la comunidad y a cambio les había creado un pueblo nuevo, con casas modernas, servicios de agua, desagüe, electricidad, pistas asfaltadas, veredas, escuela, posta médica, etc. también les dio tierras para uso de su ganadería y cultivos, recompensándolos además con millonarias sumas por el traslado.
Gran parte de esto es verdad, aunque de ninguna manera podemos calificar de “ricos” a los comuneros por los beneficios que han recibido, ni mucho menos, lo cierto es que, a pesar que la negociación de este convenio puede considerarse uno de los mejores que han obtenido las comunidades en litigio con las empresas mineras en el país, dista aun de ser una justa compensación, en concordancia al valor de la riqueza que se extraerá de esa tierra.
Pero, aun en el caso de que pudiéramos afirmar que estos comuneros son poseedores de una gran fortuna, gracias a los beneficios obtenidos por sus tierras, no podemos tomar la actitud de descalificarlos debido a su situación económica, especialmente cuando están defendiendo un derecho garantizado por nuestra constitución, que es el derecho de propiedad.
Es la actitud que toman algunos conservadores extremos cuando descalifican a la victima de violación, porque se vestía con ropa sensual o porque se encontraba alcoholizada (¿recuerdan el argumento de que las niñas que se muestran como en un escaparate?) o cuando descalifican a la víctima de un asalto porque caminaba solo a altas horas de la noche, o descalificarlo porque anteriormente ha cometido un delito; ninguno de estos argumentos puede validar el atropello de los derechos de una víctima.
Cabe recordar que el acuerdo de los comuneros de Fuerabamba fue firmado con la empresa Xtrata, de origen suizo, dentro del cual se estipulaba que el mineral extraído seria transportado a la costa por medio de un mineroducto, sin embargo, tiempo después Xtrata vende la mina a MMG, de origen chino, esta última reevaluó su presupuesto y se dio cuenta que no era rentable construir el mineroducto solo para transportar el producto de Las Bambas, a Xtrata le convenia porque tenia otras propiedades en la zona, por tanto solicita autorización para sacar sus producción en camiones por carretera y el gobierno peruano accede a su petición, dándole derecho de paso por un camino que atraviesa parte del fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba como resultado del trato con la minera, y declarándola como vía nacional.
Queda claro que el conflicto tiene su raíz en la incongruencia del gobierno, mas bien que con la empresa, en primer lugar, no podía aceptarse el cambio de los términos del acuerdo, sin consultar con la otra parte, es decir la comunidad, el acuerdo especificaba un mineroducto, no el transporte por camiones, segundo, el gobierno no puede declarar una vía como nacional dentro de una propiedad privada, no sin la consulta con los propietarios y pagando el justiprecio.
Nadie tiene derecho a apoderarse de la propiedad de otro, aun el Estado, en caso de necesidad publica el Estado puede expropiar, pero antes debe pagar su precio, en este caso obviamente se han atropellado los derechos de propiedad.
Arguyen otros que la carretera ya existía allí cuando les ofrecieron la propiedad, sin embargo, este es un falso argumento, aun cuando esto fuera cierto, solo significa que que fueron engañados desde el principio, ya que no se puede vender un terreno como unidad si tenemos una carretera cruzándola.
Tampoco se puede argüir que después de todos estos años recién los propietarios reclaman sus derechos, el tiempo no da legalidad al atropello.
Una vez reconocida la injusticia, vamos a la protesta, este gobierno cometido el gran error de criminalizarla, encarcelando a sus dirigentes y a sus asesores, acusando a los dirigentes de bloquear la carretera y a los asesores de extorsionar a la empresa minera.
Pero de qué manera creen que los pueblos mas alejados pueden hacerse escuchar, acaso creen que, si no hubieran tomado esta medida ¿el país se hubiera enterado de su problema? ¿el gobierno estaría tomando caminos de dialogo para resolver la crisis?
 La actitud del gobierno es contraproducente, ordenando la detención de los dirigentes de las comunidades que se movilizan en apoyo a sus colegas.
En el caso de los abogados, los cuales trabajan sin honorarios, como lo hacen la mayoría que trabajan en casos civiles asesorando personas que no tienen suficientes recursos económicos, solo cobran un porcentaje de lo que logran obtener, si es que logran ganar el caso, entonces ¿exigir una retribución económica por los años de uso de una propiedad privada es extorsión? ¿asesorar a una comunidad campesina para que reclamen por un derecho conculcado es delito?
Incluso en el caso que realmente aquellos abogados hubieran estado trabajando intereses personales, como pretende acusar la fiscalía, basta tener un poco de sentido común para darse cuenta que no es el momento oportuno para ejecutar una orden de prisión preliminar, justo en medio de una crisis que está saliéndose de control.
Lo que ha logrado el gobierno con esta actitud es quedarse sin interlocutores validos para resolver la crisis mediante un dialogo; además, la explosión de esta crisis ha movilizado no solo a la comunidad de Fuerabamba, sino a toda la región sur andina, que se está movilizando en su apoyo; la soberbia de los representantes del Estado para no desarrollar una salida oportuna al problema, tomando prisioneros justamente cuando ya la empresa minera había reconocido que debía pagar una retribución, ha provocado más bien, que otras comunidades vecinas también se percaten del atropello de sus derechos y empiecen a exigir un resarcimiento económico por el uso de su tierras.
Si el gobierno quiere sinceramente resolver este conflicto sin un baño de sangre como resulto con el Baguazo, debe comenzar por reconocer sus errores, buscar los interlocutores validos y encontrar las soluciones consensuadas entre las tres partes del conflicto, el Estado, la empresa minera y la comunidad campesina.


miércoles, 27 de marzo de 2019

CONFLICTO MINERO


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Los problemas que la minería hace emerger en el país datan de varias décadas atrás, pero en los últimos años se ha agudizado mucho más, Conga, Buenaventura, Bambas, Tía María, por todos lados explotan los conflictos; el gobierno se pone al lado de las grandes empresas porque sabe que tiene una gran dependencia presupuestal de los ingresos provenientes de la actividad minera.
Los medios de comunicación masiva bombardean a la población con un discurso que busca solo agudizar las contradicciones, dividiendo los actores en promineros y antimineros, no hay punto medio, si no los apoyas, estas contra ellos.
Pero la discusión real no es si la minería es buena o mala, esta calificación recae en la forma como esta puede ser ejecutada, es totalmente falsa la dicotomía entre promineros y antimineros, la verdadera discusión es entre una minería responsable y otra depredadora.
¿Cómo distinguimos a la minería responsable? Hay ciertos factores que tienen que cumplir.
1.    El pago de la renta por la tierra que van a ocupar.
a.    Porque la tierra pertenece generalmente a comunidades campesinas quienes han ejercido su derecho de propiedad desde tiempos ancestrales.
2.    El pago por el uso del agua.
a.    Porque igualmente el uso del agua de los ríos y lagunas está regulado por juntas de usuarios y una ley de aguas.
b.    Porque se debe garantizar el agua para las comunidades campesinas y las poblaciones aledañas.
c.     Porque se debe garantizar que la empresa tenga un proceso de descontaminación de las aguas que utiliza para los relaves.
3.    El pago de impuestos proporcionales, sobre el valor de la extracción, tanto a la comunidad propietaria de la tierra, al distrito, a la provincia, a la región, como al Estado.
a.    Porque no solo el Estado tiene que recibir los beneficios de la riqueza que se extrae de nuestro territorio, también cada una de las poblaciones que están en el proceso.
4.    El pago de reparaciones de los daños ecológicos, estructurales y de infraestructura causados por su actividad.
a.    Porque no hay minería que no sea dañina, por eso es necesario que la ley exija que las empresas mineras consideren un presupuesto para reparar esos daños en lo máximo posible.
b.    Porque las reparaciones no tienen que esperar hasta el fin de las operaciones, cada año se puede hacer una evaluación y ejecutar los avances que sean posibles, las reparaciones que no puedan ser hechas en adelanto, se deberían ser cotizadas y el monto depositado en una cuenta intangible para garantizar la ejecución cuando esta sea pertinente.
c.     Porque ante la eventualidad de un cierre de operaciones, tiene que estar contemplada la restauración del espacio en la medida de lo posible.
5.    Un plan operativo para disponer eficientemente de los desechos químicos, aguas residuales, relaves y toda clase de despojos producto de sus actividades.
a.    Porque las empresas tienen que hacerse responsables de todo tipo de desechos que producen sus operaciones, evitando el daño al medio ambiente y a las poblaciones aledañas.
b.    Porque debe darse preferencia a plantas de tratamiento que corrijan la toxicidad de los residuos y/o puedan ser reciclados para otros usos.
6.    Se refieren a árbitros internacionales compuestos con acuerdo de las partes para la resolución de conflictos
a.    Porque ante un conflicto o la necesidad de una interpretación, debe existir una entidad que tenga la confianza de ambas partes para determinar una solución.
¿Cuáles son las características de una minería depredadora?
1.    Hacen lobby para presionar al gobierno y obtener las concesiones mineras.
2.    Exigen enormes exoneraciones tributarias con el pretexto de favorecer la inversión extranjera.
3.    Abusan de su poder para someter a las poblaciones locales en los territorios que planean explotar.
4.    Causan enormes daños al entorno en que operan, sin un plan de recuperación, o el pago de reparación que asignan es puramente simbólico.
5.    Hacen uso abusivo del recurso hídrico para sus operaciones perjudicando fuertemente a la población local.
6.    Disponen de sus desechos de manera irresponsable, poniendo en peligro la salud y la seguridad de las poblaciones locales.
7.    Sin un plan de cierre, cuando la extracción es insuficiente, abandonan el lugar dejando un territorio infecundo, depredado e inestable.
8.    Siempre tendrán como prioridad maximizar el incremento de sus ganancias antes que el bienestar de sus trabajadores o de la población con la que actúan.
9.    No actúan nunca en función de una nación o de un ideal humanitario, sino en función de intereses privados.
10. En una situación de conflicto acuden a tribunales internacionales cuya composición les es favorable.
Es totalmente comprensible, en un entorno de economía capitalista, donde esta se rige por las normas del mercado, que la empresa busque maximizar sus ganancias, pero es también responsabilidad ineludible del Estado establecer las regulaciones pertinentes para salvaguardar los intereses nacionales.
La minería, como cualquier otra actividad económica, no puede ser regida solamente por el mercado, las sociedades humanas necesitan ser protegidas de la depredación del capital, para esto los gobiernos despliegan leyes buscando el beneficio de su población.
El recurso mineral es no renovable, pero tampoco tiene fecha expiración, va estar siempre allí, mas bien, con el tiempo y las urgencias de la industria, su valor se va a incrementar, existe una urgencia del Estado por el hecho que el dinero que obtiene sostiene una parte importante del presupuesto nacional, pero también los consorcios mineros tienen urgencias de colocar sus capitales y de satisfacer la demanda del mineral.
Lo que los capitales foráneos, de empresas realmente serias, buscan actualmente es estabilidad jurídica y política; conocen que las condiciones extremadamente favorables, obtenidas a través de gobiernos corruptos, son efímeras y están cambiando de naturaleza constantemente; claro que siempre habrán empresas, también precarias, que están dispuestas a correr los riesgos, que luego son cargados a sus accionistas, con estafas colosales que luego serán noticia mundial, pero no son estas empresas el objetivo de nuestro desarrollo.
En la situación actual, hay que entender que no se pueden ejecutar cambios radicales en la política minera del país de un día para otro, tenemos que transitar por un proceso a mediano plazo, pero el gobierno tiene la responsabilidad de establecer, mientras tanto, un balance entre la necesidad de sustentar el presupuesto nacional, con la defensa del bienestar ciudadano, sin hipotecar el futuro del país.
La minería es inevitable, pero desarrollémosla de manera responsable, evitemos las inversiones golondrinas que solo buscan la oportunidad para depredar, obteniendo ganancias rápidas y fáciles, dejando un profundo daño en las localidades que operan.
Otra situación es la de la minería ilegal, donde el Estado tiene que asumir otro tipo de responsabilidad, pero es un tema complejo que podremos exponer en otra oportunidad.


martes, 2 de junio de 2015

Mi tia Maria





Pase gran parte de mi niñez en el barrio de Breña, muy cerca al cine Danubio,  vivíamos en una casona antigua, nuestra vecina, y con esto quiero decir que vivía en la puerta más próxima a la nuestra, era mi tía María, mi madre nunca se llevó bien con ella, porque era chismosa y muy metiche, quería influir en lo que nosotros debíamos o no hacer; por eso nunca tuvimos una relación cercana con ella.
Pero no es de esa tía María la que quiero hablarles hoy día;  Tía María significa  hoy en día,  el futuro de todo proyecto minero en el Perú, eso explica, en parte, la ignorante tozudez del gobierno por llevar adelante este proyecto a todo costo social ; hace unos días leí, en un periódico local, el análisis de Marco Martos acerca del conflicto, muy acertado por cierto; a lo que tendría que agregar que la dicotomía que se trata de presentar en este conflicto es totalmente falsa, no se trata de pro mineros y anti mineros, el problema traspasa los límites de la minería, es un problema que tiene que ver con los fundamentos de la convivencia y la supervivencia de los seres humanos en este planeta.
Habría que empezar por reconocer que toda actividad extractiva afecta el entorno ambiental y el balance  ecológico del área, tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, como la tala y la minería modifican el medio ambiente y afectan el balance ecológico, por tanto ponen en peligro la forma de vida de las poblaciones; unos con más fuerza que otros, dependiendo de los factores de intensidad y ubicación geográfica entre otros.
Sin embargo, debemos también reconocer que la minería, tanto así como la agricultura y la ganadería, tienen su necesidad de ser, para la supervivencia, el progreso y la comodidad del ser humano; unos nos proveen del alimento y el otro de la materia que nos permite disfrutar una calidad de vida superior. Sin mencionar, algo realmente importante en la realidad social de nuestro país actualmente, la enorme fuente de divisas proveniente la exportación de mineral, y que es una parte sobresaliente de nuestro crecimiento económico.
Todo proyecto extractivo, no solo los de la minería, deben contar con el respaldo de los respectivos estudios de impacto ambiental y el acuerdo con las poblaciones de las áreas afectadas.
El problema presenta cuatro aspectos fundamentales, el primero, exigir que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para evitar los daños en el entorno ambiental durante la explotación; el segundo, exigir la reparación hasta donde sea posible de los daños inevitables causados por la explotación e incluso después de terminado el periodo de explotación; el tercero, definir los beneficios correspondientes, de las ganancias comerciales, tanto para la empresa extractora, como para la población afectada, y para el Estado proveedor de la riqueza natural; y en cuarto lugar, el más complicado de todos, encontrar representantes honestos en cada una de las partes en conflicto para negociar un consenso de los primeros tres puntos.
Es obviamente muy difícil encontrar representantes honestos, en las partes afectadas, como se demuestra después de los escandalosos audios difundidos por la prensa, poniendo al descubierto las exigencias monetarias de un grupo de dirigentes  para levantar el paro contra la minera en Islay; cuando se trata de negociar un emprendimiento que va a mover ingentes cantidades de dinero, esto en un país donde los índices de pobreza extrema continúan siendo muy altos.
El conflicto llevado a sus extremos por la ignorancia de los responsables de manejarlo, ha provocado, ya varios muertos y muchos heridos, en ambas partes; declarar el estado de emergencia y militarizar el conflicto  no va a detener la escalada de violencia, solo va a cambiar la naturaleza del mismo, tornándolo más político de lo que ya está.
Ciertamente la economía del país se vería gravemente afectada sin las inversiones mineras, es una legítima preocupación del gobierno, pero imponer estas decisiones a sangre y fuego no facilitara la llegada de las inversiones; la paz social, así como la estabilidad de las leyes y un gobierno legitimado, requeridos para convertirnos en un atractivo entorno para las grandes inversiones, solo se logran con estructuras políticas que permitan un consenso social.
Si el problema presenta los cuatro aspectos, antes referidos, la solución del conflicto presenta dos principales aspectos:
1-      El más importante, para cualquier tipo de conflicto, desde las pequeñas disensiones familiares, hasta los debates entre Estados, es tener una real voluntad de dialogo, donde aceptas que negociar significa que cada parte debe estar dispuesto a ceder parte de sus intereses en pos de llegar a un acuerdo; esto ya nos sirve para sentarnos en la mesa de dialogo.
2-      Posterior a esto necesitamos una representación legítima; nuestra democracia sufre mucho con el sistema de delegación de poderes, una persona o un pequeño número de ellas no deberían tomar decisiones en nombre de otras, especialmente cuando estas decisiones van a significar un importante cambio en la forma de vida de la población.
La única forma, no de eliminar la corrupción, porque los funcionarios corruptos siempre encontraran nuevas formas de intervenir, pero sí de minimizar su accionar, es que la representación se legitimase mediante los mecanismos de democracia directa, cada representante no está llevando a la mesa su propio plan, su punto de vista o sus pensamientos personales, sino que lleva un mandato discutido y decidido previamente en sus bases.
La actual crisis provocada con los proyectos, Bagua, Conga, Tia Maria y últimamente Cuajone, es consecuencia de la falta de autoridad del gobierno, con falta de autoridad no quiero decir mano militar, sino por el contrario falta de legitimidad, esa que algunos sienten ganada permanentemente porque una vez ganaron una votación; tienen que entender que hace siglos dejamos atrás los sistemas monárquicos en que los reyes gozaban de carta blanca para gobernar, actualmente el gobernante debe ganarse la legitimidad día a día, no se puede esperar que siempre estemos de acuerdo con todas las decisiones que se toman, pero tampoco podemos aceptar que se trasgreda continua y consecutivamente la voluntad ciudadana.
Que existen grupos violentistas que están explotando la crisis, es muy posible, pero ninguno de ellos tuviera el menor chance si esta hubiera sido manejada debidamente; solo la increíble incapacidad y testarudez del gobierno ha generado suficiente campo de cultivo para que los grupos más radicales encuentren base sobre la cual erigirse.
Una vez más, el dilema entre pro mineros y anti mineros, es falso, lo que tienen ambos en común es un temor extremo a enfrentar a las grandes transnacionales mineras; los pro mineros, temen enfrentarles porque podrían perder los beneficios y comisiones que estas grandes inversiones conllevan, así como a las graves consecuencias para la economía del país si estas amenazaran con retirarse; y los anti  mineros, temen enfrentarse a los inmensos poderes de estas transnacionales, porque no quieren arriesgar el pobre entorno de vida en que se desenvuelven y no confían en los ofrecimientos y promesas de autoridades que siempre les han dado la espalda luego que han obtenido su voto.  Ambos sectores necesitan deshacerse de sus miedos y prejuicios y enfrentar en conjunto el dilema en común: Negociar con las empresas mineras en términos de equidad.
Estamos aún a tiempo que se tomen medidas positivas y se impida mayor derramamiento de sangre, ni de los pobladores ni de los policías, y dar los pasos necesarios para que se restablezca la autoridad del gobierno y se respete la voluntad ciudadana.
   


miércoles, 10 de abril de 2013



 COLECTIVIZACION: LA ALTERNATIVA POR UNA MINERIA RESPONSABLE

La actividad minera ha sido históricamente una de las principales fuentes de riqueza de nuestro país desde la época de la conquista española, y aun en este siglo de alta tecnología globalizada, continua conservando un papel preponderante dentro del boom del crecimiento económico que estamos atravesando.
Sin embargo, así como ha contribuido a la expansión del PBI, también ha sido la causa de las más grandes movilizaciones de protesta a todo lo largo del país, causando graves enfrentamientos sociales, pérdida de vidas humanas, paralización de la actividad económica en regiones enteras y daños materiales cuantiosos.
Seria tratar de tapar el sol con un dedo negar los daños ecológicos que  causa la actividad de extracción minera en las localidades donde esta se desarrolla, más si podemos estimar la magnitud del perjuicio, deberíamos ser capaces también de hacer una propuesta realista de reparación.
Son miles de millones de dólares que se exportan anualmente en minerales, algunas decenas de los cuales son captados por el Estado en calidad de impuestos; la pregunta es: ¿Dónde se dirige este dinero captado?
Son los dos extremos de la cadena. ¿Cómo combinar los beneficios económicos que brinda la minería evitando los daños que dicha extracción causa?
La tecnología moderna ha desarrollado procesos que logran reducir la depredación que la extracción minera puede causar; pero los daños no desaparecen, y hay personas, poblaciones enteras, áreas territoriales, que se ven afectadas en este proceso.
El uso de las aguas, la contaminación del suelo por relaves y desperdicios, la contaminación del aire por los gases de las maquinarias y la evaporación de los químicos, la depredación del suelo por las excavaciones, tala y deforestación, el peligro de derrames químicos o los accidentes con explosivos, a los que se exponen las poblaciones cercanas y los trabajadores; todo ello es mesurable en cantidad y tiempo, proyectándose hacia la vida útil de la extracción minera, y en cuanto es posible de medir es también posible de cuantificar su valor.
Por lo tanto debería ser una simple operación matemática sumar los beneficios y restar el costo de reparación de los daños, para determinar si una operación minera es rentable y admisible o no.
Sin embargo, el problema de la minería se vuelve más político que técnico, cuando se trata de decidir quién le pone el cascabel al gato, es decir, quien se va a encargar de supervisar las operaciones de la compañía explotadora, quien evaluara y ponderara los daños, quien fiscalizara las reparaciones necesarias, quien negociara con las empresas.
Un país donde sus gobiernos no se han caracterizado exactamente por su transparencia y honestidad, y donde algunos de sus gobernantes piensan que “el dinero viene solo”; negociar con empresas que mueven millones de dólares, y tratan a través de lobbies, es un campo abierto para la corrupción.
¿Es imposible entonces hacer negocios con las empresas mineras? La respuesta es: no, lo que la necesidad implica es que tenemos que ejercer una mayor presión en la dirección adecuada, para lograr establecer niveles de tratamiento entre el país y las empresas.
Se reduce sustancialmente el peligro de la corrupción cuando se colectivizan las decisiones; ningún funcionario del Estado, ni algún gobernador local, son quienes deben tomar en sus manos la decisión final en una negociación de esta naturaleza.
Lo recomendable para este caso es que se conformen comisiones específicas para la evaluación de las empresas, para la negociación de los contratos y para la supervisión de las operaciones; dichas comisiones, por supuesto deben ser ampliamente representativas y con un alto nivel de legitimación.
Para ello es imprescindible que dichas comisiones estén conformadas, además de los actores del Estado, por representantes de los diferentes actores sociales que participan en el conflicto y profesionales que pueden aportar en el debate.
Por ejemplo, tendría que convocarse, además de los delegados de los ministerios de producción y economía, a representantes del poder Judicial, a los representantes de los municipios afectados, a los líderes de las organizaciones de base de dichas localidades, a representantes del colegio de abogados, del colegio de ingenieros, de las universidades, entre otros.
No hay receta escrita, la composición de las comisiones y las modalidades de trabajo pueden cambiar en cada caso; el punto central es que las decisiones y la responsabilidad de las mismas deben ser compartidas entre diferentes sectores sociales, y dichos representantes deben obtener la legitimidad de sus electores.
Necesitamos de metas concretas, unir los esfuerzos en una sola dirección; no podemos simplemente negar toda explotación minera, no basta con señalar los problemas, debemos ser proactivos y ensayar las soluciones.
En un país donde el gobierno ha demostrado ser demasiado vulnerable a la delincuencia y la corrupción, y tampoco tiene la capacidad de manejar los conflictos que crea;  tenemos la impresión que una negociación colectiva será una salida viable para el bienestar del país.