La reciente crisis, surgida a partir del conflicto
entre la población del valle del Tambo y la minera Southern, ha puesto
nuevamente sobre el tapete la discusión sobre la factibilidad de la actividad
minera en particular y extractiva en general, en el Perú.
No es, efectivamente, un problema nuevo, se ha visto
las dificultades poco antes con el proyecto Conga y en Las Bambas, también,
desde muchos años antes, comprobamos los grandes da
os que ha
ocasionado la minería a tajo abierto en Cerro de Pasco, La Oroya, Toquepala;
entonces no podemos cerrar los ojos y tratar este problema como si fuera solo
un conflicto con unos campesinos ignorantes y manipulados políticamente para
oponerse al progreso, dañando la economía del país, como, interesadamente,
quieren proponer algunos sectores políticos.
Indiscutiblemente el Perú es un país minero, nuestro
suelo ha sido dotado con innumerables riquezas, no solo de metales preciosos,
sino incluso de elementos raros de gran demanda en la industria moderna; la
economía del país ha estado sustentada en parte importante por los ingresos
provenientes de la extracción minera; no podemos ignorar esta realidad, no es
posible simplemente decir agro si, minería no, es una falacia, necesitamos la
actividad minera para la supervivencia económica de la nación.
Pero otro escenario que no podemos ignorar, es que a
diferencia de los recursos de origen animal o vegetal, de los cuales tenemos
que evitar el sobreconsumo para dar el tiempo necesario para su reproducción,
los recursos minerales no son renovables, por tanto, en primer lugar, no
podemos volvernos dependientes de un recurso que en un momento determinado va a
agotarse, estamos obligados a diversificarnos, a fortalecer otros sectores
económicos, para asegurarnos como país emergente; en segundo lugar, si vamos a
vender nuestros recursos, tenemos que conseguir el mejor precio por ellos, negociando
con las extractoras en condiciones favorables y además dejemos de exportar
mineral bruto, démosle valor industrial al metal antes de abandonar el país,
brindando mejores empleos a nuestra población, extendiendo nuestra frontera
tecnológica y e impulsando la participación del Estado en el desarrollo
nacional.
La pregunta importante aquí es: ¿puede la agricultura
convivir con la minería? La respuesta, para mi evidente, es SI, pero para que
esto funcione necesita de una estricta regulación; no es aceptable que, en
función a privilegiar los ingresos monetarios, que brinda la minería,
perjudiquemos irreparablemente nuestra producción agrícola, convirtiéndonos en
un país importador de alimentos, perjudicando no solo la economía del país,
sino creando un inmenso conflicto social con los campesinos, sin contar con los
perjuicios a la ecología del planeta.
Entonces, ¿Qué se necesita para que agricultura y minería
coexistan?
Empecemos por reconocer que no existe actividad productiva
que no cause daño ecológico, incluida la agricultura, en la mayoría de estas
podemos medir su intensidad de manera que permitamos la recuperación del daño,
pero en el caso de la minería, por ser un recuso no renovable, no existe esta
posibilidad, la única alternativa es minimizar el daño, de manera que se establezca
un balance entre los beneficios producto de la extracción y el impacto negativo
de tales operaciones; esto es lo que llamamos minería responsable.
¿Cómo distinguimos a la
minería responsable? Hay ciertos factores que tienen que cumplir.
1.
El pago de la renta por la tierra que van a ocupar.
a.
Porque la tierra pertenece generalmente a comunidades
campesinas quienes han ejercido su derecho de propiedad desde tiempos
ancestrales.
2.
El pago por el uso del agua.
a.
Porque igualmente el uso del agua de los ríos y
lagunas está regulado por juntas de usuarios y una ley de aguas.
b.
Porque se debe garantizar el agua para las comunidades
campesinas y las poblaciones aledañas.
c.
Porque se debe garantizar que la empresa tenga un
proceso de descontaminación de las aguas que utiliza para los relaves.
3.
El pago de impuestos proporcionales, sobre el valor de
la extracción, tanto a la comunidad propietaria de la tierra, al distrito, a la
provincia, a la región, como al Estado.
a.
Porque no solo el Estado tiene que recibir los
beneficios de la riqueza que se extrae de nuestro territorio, también cada una
de las poblaciones que están en el proceso.
4.
Elaboración de una legislación minera que obligue a
las empresas extractoras a construir todas las estructuras necesarias y el uso
de la más alta tecnología que minimice el daño causado, tanto al ambiente ecológico,
como a la población y economía local.
5.
El pago de reparaciones de los daños ecológicos,
estructurales y de infraestructura causados por su actividad.
a.
Porque no hay minería que no sea dañina, por eso es
necesario que la ley exija que las empresas mineras consideren un presupuesto
para reparar esos daños en lo máximo posible.
b.
Porque las reparaciones no tienen que esperar hasta el
fin de las operaciones, cada año se puede hacer una evaluación y ejecutar los
avances que sean posibles, las reparaciones que no puedan ser hechas en
adelanto, se deberían ser cotizadas y el monto depositado en una cuenta
intangible para garantizar la ejecución cuando esta sea pertinente.
c.
Porque ante la eventualidad de un cierre de
operaciones, tiene que estar contemplada la restauración del espacio en la
medida de lo posible.
6.
Un plan operativo para disponer eficientemente de los
desechos químicos, aguas residuales, relaves y toda clase de despojos producto
de sus actividades.
a.
Porque las empresas tienen que hacerse responsables de
todo tipo de desechos que producen sus operaciones, evitando el daño al medio
ambiente y a las poblaciones aledañas.
b.
Porque debe darse preferencia a plantas de tratamiento
que corrijan la toxicidad de los residuos y/o puedan ser reciclados para otros
usos.
7.
Se refieren a árbitros internacionales compuestos con
acuerdo de las partes para la resolución de conflictos
a.
Porque ante un conflicto o la necesidad de una
interpretación, debe existir una entidad que tenga la confianza de ambas partes
para determinar una solución.
El caso especifico del
proyecto Tía María en el valle del Tambo, Arequipa, a generado una crisis política
debido a que la empresa que intenta llevar a cabo el proyecto ha utilizado métodos
inapropiados para tomar dicha locación, haciendo uso de trucos administrativos,
corrupción de funcionarios y manipulación
de los pobladores, por ende ha perdido
totalmente la confianza de los ciudadanos del Valle, que no pueden tener la
certeza de que, ahora sí, cumplirá con los compromisos que se le requiere.
Como en todo contrato,
que significa un acuerdo, tras una negociación, la piedra angular es la
confianza entre las partes, si esta no existe, difícilmente puede tener éxito ningún
acuerdo.
¿Las opciones? Cancelar
los acuerdos con la minera Southern y buscar otra nueva empresa que sea confiable
con sus compromisos o redactar un contrato tripartito entre el Estado, la
minera y la población, donde no solo se especifique detalladamente los
compromisos de la minera, sino que además se anoten las sanciones que se
tomaran por cada incumplimiento y la conformación de una comisión de garantes
del acuerdo, donde tengan representación el Estado y las autoridades locales,
quienes juzgaran los cumplimientos debidos.
Queramos o no, la minería
va a estar presente en nuestra patria por un largo tiempo aun, tenemos que afrontarla
como un país soberano, y obtener de ella los beneficios para el surgimiento económico
y social de nuestra patria, pero debemos, también, cuidar de nuestros
ciudadanos y de la tierra que estamos heredando a las siguientes generaciones.
