¿DEMOCRACIA REPRESENTATIVA?

Nuestros gobiernos, desde la fundación de la república, proclaman estar sostenidos en un sistema de democracia representativa, sin embargo, este título ha ido adjudicado sin el respectivo contenido.

Representante, en el diccionario de habla española, significa alguien que está autorizado a actuar por mandato de otra persona, grupo social o comunidad, es decir, es quien lleva su voz y defiende sus intereses, renunciando a su voz e interés propio.

En nuestro sistema político, los parlamentarios son propuestos por organizaciones políticas, con objetivos declarados en sus respectivas campañas, y elegidos por cada circunscripción electoral, pero una vez que estos son elegidos se rompe todo vínculo mandatorio, tanto con la organización política que los propuso, como con los ciudadanos que los eligieron, cada cual puede actuar a libre albedrio y siguiendo sus propios intereses.

Por tanto la figura que más se ajusta para describir el sistema político actual es la de delegación de poderes; algo que se ajusta a la percepción de las primeras décadas de la república, donde se despreciaba la capacidad del “populacho” (especialmente referido la población de las serranías, en ese tiempo mayoritaria en el país) para gobernarse, por lo que una casta política educada se arrogaba el derecho de gobernar en nombre de todos; en el entendido que eran los únicos que podían ver que era lo mejor para el país.

Que mejor ejemplo del remanente de esta ideología, que las últimas declaraciones del constitucionalista invitado, por la mayoría fujimorista, a las sesiones de la comisión de constitución del congreso, afirmando que los políticos no deben hacer caso al clamor del pueblo, que, más bien, la misión del político es gobernar al pueblo, porque este no conoce lo que es su bienestar; es decir desconoce por completo el origen del poder político, especialmente en una democracia.

Vivimos pues bajo un régimen de democracia delegativa, y el actual congreso se encuentra en tal estado de desprestigio, debido a la infame actuación de una mayoría política que se ha propuesto defender una red de organización delincuencial enquistada en el Estado y liderada por una excandidata presidencial desde su prisión.

El adelanto de elecciones generales, propuesto por Vizcarra, que terminaría con esta mayoría congresal y renovaría el mando ejecutivo, no es lo más deseable para el país, pero en las actuales circunstancias de entrampamiento, en una crisis que lleva más de dos años, es la opción más viable para romper con el circulo de la corrupción.

El daño que provocaría, al sistema democrático y al país, prolongar esta crisis por dos años más, no se justifica con una supuesta defensa de las instituciones.

Los defensores del sistema, que conforman la mayoría parlamentaria, y se oponen tozudamente al adelanto de las elecciones, se asumen representantes de la ciudadanía, nombrados por el voto popular; nada más alejado de la realidad, en primer lugar, porque no representan a nadie, más que a sus propios intereses, esto lo demuestra la ciudadanía en las calles pidiendo el cierre del congreso, además de los altísimos índices de desaprobación que muestran en las encuestas nacionales, y en segundo lugar, porque han sido elegidos por una mínima porción del electorado.

La demostración de este hecho se basa en datos de la ONPE acerca de las elecciones parlamentarias 2016:

Población nacional del Perú (PNP)         = 33 millones

Población electoral del Perú (PEP)         = 23 millones           70% PNP

Población electoral de Lima (PEL)          = 9.2 millones          40% PEP

Votos emitidos nacional (VEN)               = 19 millones           82% PEP

Votos emitidos Lima (VEL)                      = 7.7 millones          84% PEL

Votos válidos nacional                            = 15 millones           79% VEN

Votos válidos Lima                                 = 7.2 millones          93% VEL

¿Cuánto de estos votos han recogido los candidatos para sentirse ungidos por la representación ciudadana?

Cecilia Chacón (FP)          186 mil          0.8% PEP     2% PEL

Jenny Vilcatoma (FP)        140 mil          0.6% PEP     1.5% PEL

Mauricio Mulder (Apra)      123 mil          0.5% PEP     1.4% PEL

Luz Salgado (FP)              82 mil            0.4% PEP     0.9% PEL

Gilbert Violeta (PPK)         81 mil            0.4% PEP     0.9% PEL

Juan Sheput (PPK)           73 mil            0.3% PEP     0.8% PEL

Jorge Del Castillo (Apra)    56 mil            0.2% PEP     0.6% PEL

Luis Galarreta (FP)            50 mil            0.2% PEP     0.6% PEL

Pedro Olaechea (PPK)      41 mil            0.17% PEP   0.5% PEL

Miguel Torres (FP)            27 mil            0.13% PEP   0.3% PEL

Úrsula Letona (FP)            23 mil            0.1% PEP     0.25% PEL

De acuerdo a los números ningún candidato ha podido alcanzar el 1% de los votos nacionales, y ajustadamente el 2% de los votos de Lima; esa es la verdadera medida de la representación de nuestros congresistas.

Aun debemos poner relevancia al hecho de que algunos candidatos, a pesar de haber obtenido más alta votación en su circunscripción son reemplazados, por otros con menor votación, debido a la cifra repartidora que asigna posiciones a las organizaciones políticas.

En suma, no tenemos representantes en el congreso, puesto que los elegidos no tienen una vinculo de obligación con sus electores, nuestra actual constitución, emitida bajo la dictadura fujimorista, solo nos otorga el derecho a delegar nuestro poder de decisión en las personas que elijamos para cada periodo, las que actuaran en nuestro nombre, asumiendo así de hecho, que no somos capaces de decidir por nosotros mismos; es decir, aún seguimos justificando esta ideología discriminadora.

Reformar este sistema requiere devolver el poder de decisión a los ciudadanos, que los representantes tengan la obligación de atender la opinión de los ciudadanos, que sus discursos, así como sus votaciones sean dirigidas por mandato de sus electores y no por opiniones personales o intereses propios.

Obviamente, una trasformación política de esta naturaleza, requerirá de mucho mas que una reforma constitucional, dado que implicará no solo el desarrollo del sistema electoral, sino que afectará también el sistema económico del país y por ende su base social.

Desde este punto esta plenamente justificado el llamamiento a una asamblea constituyente, la cual nos daría la oportunidad de repensar nuestro país y empezar a darle forma a la patria que queremos heredar a nuestros hijos.