COLECTIVIZACION: LA ALTERNATIVA POR UNA MINERIA
RESPONSABLE
La actividad minera ha sido históricamente una de
las principales fuentes de riqueza de nuestro país desde la época de la
conquista española, y aun en este siglo de alta tecnología globalizada, continua
conservando un papel preponderante dentro del boom del crecimiento económico
que estamos atravesando.
Sin embargo, así como ha contribuido a la expansión
del PBI, también ha sido la causa de las más grandes movilizaciones de protesta
a todo lo largo del país, causando graves enfrentamientos sociales, pérdida de
vidas humanas, paralización de la actividad económica en regiones enteras y
daños materiales cuantiosos.
Seria tratar de tapar el sol con un dedo negar los
daños ecológicos que causa la actividad
de extracción minera en las localidades donde esta se desarrolla, más si
podemos estimar la magnitud del perjuicio, deberíamos ser capaces también de
hacer una propuesta realista de reparación.
Son miles de millones de dólares que se exportan
anualmente en minerales, algunas decenas de los cuales son captados por el
Estado en calidad de impuestos; la pregunta es: ¿Dónde se dirige este dinero
captado?
Son los dos extremos de la cadena. ¿Cómo combinar
los beneficios económicos que brinda la minería evitando los daños que dicha
extracción causa?
La tecnología moderna ha desarrollado procesos que
logran reducir la depredación que la extracción minera puede causar; pero los
daños no desaparecen, y hay personas, poblaciones enteras, áreas territoriales,
que se ven afectadas en este proceso.
El uso de las aguas, la contaminación del suelo por
relaves y desperdicios, la contaminación del aire por los gases de las
maquinarias y la evaporación de los químicos, la depredación del suelo por las
excavaciones, tala y deforestación, el peligro de derrames químicos o los
accidentes con explosivos, a los que se exponen las poblaciones cercanas y los
trabajadores; todo ello es mesurable en cantidad y tiempo, proyectándose hacia
la vida útil de la extracción minera, y en cuanto es posible de medir es también
posible de cuantificar su valor.
Por lo tanto debería ser una simple operación
matemática sumar los beneficios y restar el costo de reparación de los daños,
para determinar si una operación minera es rentable y admisible o no.
Sin embargo, el problema de la minería se vuelve más
político que técnico, cuando se trata de decidir quién le pone el cascabel al
gato, es decir, quien se va a encargar de supervisar las operaciones de la
compañía explotadora, quien evaluara y ponderara los daños, quien fiscalizara las
reparaciones necesarias, quien negociara con las empresas.
Un país donde sus gobiernos no se han caracterizado
exactamente por su transparencia y honestidad, y donde algunos de sus
gobernantes piensan que “el dinero viene solo”; negociar con empresas que
mueven millones de dólares, y tratan a través de lobbies, es un campo abierto
para la corrupción.
¿Es imposible entonces hacer negocios con las
empresas mineras? La respuesta es: no, lo que la necesidad implica es que
tenemos que ejercer una mayor presión en la dirección adecuada, para lograr
establecer niveles de tratamiento entre el país y las empresas.
Se reduce sustancialmente el peligro de la
corrupción cuando se colectivizan las decisiones; ningún funcionario del
Estado, ni algún gobernador local, son quienes deben tomar en sus manos la
decisión final en una negociación de esta naturaleza.
Lo recomendable para este caso es que se conformen
comisiones específicas para la evaluación de las empresas, para la negociación
de los contratos y para la supervisión de las operaciones; dichas comisiones,
por supuesto deben ser ampliamente representativas y con un alto nivel de
legitimación.
Para ello es imprescindible que dichas comisiones estén
conformadas, además de los actores del Estado, por representantes de los
diferentes actores sociales que participan en el conflicto y profesionales que
pueden aportar en el debate.
Por ejemplo, tendría que convocarse, además de los
delegados de los ministerios de producción y economía, a representantes del
poder Judicial, a los representantes de los municipios afectados, a los líderes
de las organizaciones de base de dichas localidades, a representantes del
colegio de abogados, del colegio de ingenieros, de las universidades, entre
otros.
No hay receta escrita, la composición de las
comisiones y las modalidades de trabajo pueden cambiar en cada caso; el punto
central es que las decisiones y la responsabilidad de las mismas deben ser
compartidas entre diferentes sectores sociales, y dichos representantes deben
obtener la legitimidad de sus electores.
Necesitamos de metas concretas, unir los esfuerzos
en una sola dirección; no podemos simplemente negar toda explotación minera, no
basta con señalar los problemas, debemos ser proactivos y ensayar las soluciones.
En un país donde el gobierno ha demostrado ser
demasiado vulnerable a la delincuencia y la corrupción, y tampoco tiene la
capacidad de manejar los conflictos que crea;
tenemos la impresión que una negociación colectiva será una salida
viable para el bienestar del país.
