COLECTIVIZACION: LA ALTERNATIVA POR UNA MINERIA RESPONSABLE

La actividad minera ha sido históricamente una de las principales fuentes de riqueza de nuestro país desde la época de la conquista española, y aun en este siglo de alta tecnología globalizada, continua conservando un papel preponderante dentro del boom del crecimiento económico que estamos atravesando.

Sin embargo, así como ha contribuido a la expansión del PBI, también ha sido la causa de las más grandes movilizaciones de protesta a todo lo largo del país, causando graves enfrentamientos sociales, pérdida de vidas humanas, paralización de la actividad económica en regiones enteras y daños materiales cuantiosos.

Seria tratar de tapar el sol con un dedo negar los daños ecológicos que  causa la actividad de extracción minera en las localidades donde esta se desarrolla, más si podemos estimar la magnitud del perjuicio, deberíamos ser capaces también de hacer una propuesta realista de reparación.

Son miles de millones de dólares que se exportan anualmente en minerales, algunas decenas de los cuales son captados por el Estado en calidad de impuestos; la pregunta es: ¿Dónde se dirige este dinero captado?

Son los dos extremos de la cadena. ¿Cómo combinar los beneficios económicos que brinda la minería evitando los daños que dicha extracción causa?

La tecnología moderna ha desarrollado procesos que logran reducir la depredación que la extracción minera puede causar; pero los daños no desaparecen, y hay personas, poblaciones enteras, áreas territoriales, que se ven afectadas en este proceso.

El uso de las aguas, la contaminación del suelo por relaves y desperdicios, la contaminación del aire por los gases de las maquinarias y la evaporación de los químicos, la depredación del suelo por las excavaciones, tala y deforestación, el peligro de derrames químicos o los accidentes con explosivos, a los que se exponen las poblaciones cercanas y los trabajadores; todo ello es mesurable en cantidad y tiempo, proyectándose hacia la vida útil de la extracción minera, y en cuanto es posible de medir es también posible de cuantificar su valor.

Por lo tanto debería ser una simple operación matemática sumar los beneficios y restar el costo de reparación de los daños, para determinar si una operación minera es rentable y admisible o no.

Sin embargo, el problema de la minería se vuelve más político que técnico, cuando se trata de decidir quién le pone el cascabel al gato, es decir, quien se va a encargar de supervisar las operaciones de la compañía explotadora, quien evaluara y ponderara los daños, quien fiscalizara las reparaciones necesarias, quien negociara con las empresas.

Un país donde sus gobiernos no se han caracterizado exactamente por su transparencia y honestidad, y donde algunos de sus gobernantes piensan que “el dinero viene solo”; negociar con empresas que mueven millones de dólares, y tratan a través de lobbies, es un campo abierto para la corrupción.

¿Es imposible entonces hacer negocios con las empresas mineras? La respuesta es: no, lo que la necesidad implica es que tenemos que ejercer una mayor presión en la dirección adecuada, para lograr establecer niveles de tratamiento entre el país y las empresas.

Se reduce sustancialmente el peligro de la corrupción cuando se colectivizan las decisiones; ningún funcionario del Estado, ni algún gobernador local, son quienes deben tomar en sus manos la decisión final en una negociación de esta naturaleza.

Lo recomendable para este caso es que se conformen comisiones específicas para la evaluación de las empresas, para la negociación de los contratos y para la supervisión de las operaciones; dichas comisiones, por supuesto deben ser ampliamente representativas y con un alto nivel de legitimación.

Para ello es imprescindible que dichas comisiones estén conformadas, además de los actores del Estado, por representantes de los diferentes actores sociales que participan en el conflicto y profesionales que pueden aportar en el debate.

Por ejemplo, tendría que convocarse, además de los delegados de los ministerios de producción y economía, a representantes del poder Judicial, a los representantes de los municipios afectados, a los líderes de las organizaciones de base de dichas localidades, a representantes del colegio de abogados, del colegio de ingenieros, de las universidades, entre otros.

No hay receta escrita, la composición de las comisiones y las modalidades de trabajo pueden cambiar en cada caso; el punto central es que las decisiones y la responsabilidad de las mismas deben ser compartidas entre diferentes sectores sociales, y dichos representantes deben obtener la legitimidad de sus electores.

Necesitamos de metas concretas, unir los esfuerzos en una sola dirección; no podemos simplemente negar toda explotación minera, no basta con señalar los problemas, debemos ser proactivos y ensayar las soluciones.

En un país donde el gobierno ha demostrado ser demasiado vulnerable a la delincuencia y la corrupción, y tampoco tiene la capacidad de manejar los conflictos que crea;  tenemos la impresión que una negociación colectiva será una salida viable para el bienestar del país.