JULIO GUZMAN ENFRENTA AL JNE

Julio Guzmán está a punto de ser excluido del proceso electoral por deficiencias en el proceso de inscripción de su partido, Cesar Acuña es el próximo en la lista por faltas al código de ética, y falsedad en su hoja de vida, Alan García y Alfredo Barnechea han visto cuestionadas sus listas parlamentarias.

Sus seguidores acusan al JNE de actuar sospechosamente a favor de los candidatos competidores, y no les falta razón, no puedo calificar a la actuación de los miembros del JNE en cuanto se ajusta a ley; pero tachar a un candidato cuando está a mitad de la campaña electoral, peor aun cuando las encuestas le dan una posición expectante, se presta fácilmente a malas interpretaciones.

Esto no significa que estos candidatos pueden sentirse inmunes a las determinaciones del JNE; ellos entraron a la competencia bajo estas mismas reglas, si no estuvieron de acuerdo con ellas debieron hacer su reclamación antes de inscribirse, ahora solo tiene que cumplirlas, pero también corresponde determinar las deficiencias en el lado de las competencias del organismo electoral.

Es cierto que nuestra democracia es joven, pero ya deberíamos haber aprendido y rectificado los errores de forma que provocan estos desajustes; es una deficiencia dentro del propio JNE lo que nos lleva a enfrentar estas posiciones.

Debería estar entendido que el Jurado Nacional de Elecciones es el representante del Poder Electoral, un poder autónomo y decisivo del Estado, no es una oficina administrativa más, que solo  recibe, tramita y archiva documentos; como jurado está en la potestad de calificar a los partidos o agrupaciones políticas, así como a sus alianzas y a sus candidatos, además de regular todos los procesos electorales que se dan en el país.

Es sentido común que todo el proceso de inscripción, reconocimiento y calificación de las organizaciones políticas y sus candidatos debe cerrarse antes del inicio oficial de la contienda electoral; el JNE tiene la obligación no solo de revisar las tachas que se puedan presentar contra los partidos o sus candidatos, sino también investigar y constatar, de propio motivo, la veracidad de los datos presentados por los mismos, así como la moralidad, la transparencia de sus finanzas y la capacidad intelectual de los candidatos, inclusive tomando entrevistas personales.

Si bien es cierto que el JNE debe ajustarse a las leyes y a la Constitución, como cualquier otra institución del Estado, como jurado calificador no necesita de la condena activa de un delito para dar su veredicto acerca de un candidato, basta que se considere que hay evidencia suficiente que señale la comisión de los delitos para decidir si un candidato está calificado o no para postular  a un puesto de gobierno del país.

Con este procedimiento ni Alan García, ni Keiko Fujimori, ni Toledo, ni Cesar Acuña, hubieran pasado el tamiz del jurado para postular en este proceso electoral, y también se garantizaría la calidad de los pretendientes a la primera magistratura del país.

No es aceptable que a mitad de una campaña se intente descalificar a un candidato, todos los plazos del proceso deben cerrarse antes del inicio de la campaña, cualquier dato descalificatorio que no haya sido observado dentro  de los plazos establecidos, seria responsabilidad directa de los funcionarios del JNE por negligencia en sus funciones.

En conclusión, debe ser función directa del JNE investigar y calificar la probidad de las organizaciones políticas y sus candidatos, antes de iniciar un proceso electoral; de esta manera se evitan las maniobras sospechosas de manipulación política y empezamos a construir un proceso transparente y justo, con candidatos intelectualmente capaces y moralmente valorables.