¿AGRO SI, MINA NO?

La reciente crisis, surgida a partir del conflicto entre la población del valle del Tambo y la minera Southern, ha puesto nuevamente sobre el tapete la discusión sobre la factibilidad de la actividad minera en particular y extractiva en general, en el Perú.

No es, efectivamente, un problema nuevo, se ha visto las dificultades poco antes con el proyecto Conga y en Las Bambas, también, desde muchos años antes, comprobamos los grandes da os que ha ocasionado la minería a tajo abierto en Cerro de Pasco, La Oroya, Toquepala; entonces no podemos cerrar los ojos y tratar este problema como si fuera solo un conflicto con unos campesinos ignorantes y manipulados políticamente para oponerse al progreso, dañando la economía del país, como, interesadamente, quieren proponer algunos sectores políticos.

Indiscutiblemente el Perú es un país minero, nuestro suelo ha sido dotado con innumerables riquezas, no solo de metales preciosos, sino incluso de elementos raros de gran demanda en la industria moderna; la economía del país ha estado sustentada en parte importante por los ingresos provenientes de la extracción minera; no podemos ignorar esta realidad, no es posible simplemente decir agro si, minería no, es una falacia, necesitamos la actividad minera para la supervivencia económica de la nación.

Pero otro escenario que no podemos ignorar, es que a diferencia de los recursos de origen animal o vegetal, de los cuales tenemos que evitar el sobreconsumo para dar el tiempo necesario para su reproducción, los recursos minerales no son renovables, por tanto, en primer lugar, no podemos volvernos dependientes de un recurso que en un momento determinado va a agotarse, estamos obligados a diversificarnos, a fortalecer otros sectores económicos, para asegurarnos como país emergente; en segundo lugar, si vamos a vender nuestros recursos, tenemos que conseguir el mejor precio por ellos, negociando con las extractoras en condiciones favorables y además dejemos de exportar mineral bruto, démosle valor industrial al metal antes de abandonar el país, brindando mejores empleos a nuestra población, extendiendo nuestra frontera tecnológica y e impulsando la participación del Estado en el desarrollo nacional.

La pregunta importante aquí es: ¿puede la agricultura convivir con la minería? La respuesta, para mi evidente, es SI, pero para que esto funcione necesita de una estricta regulación; no es aceptable que, en función a privilegiar los ingresos monetarios, que brinda la minería, perjudiquemos irreparablemente nuestra producción agrícola, convirtiéndonos en un país importador de alimentos, perjudicando no solo la economía del país, sino creando un inmenso conflicto social con los campesinos, sin contar con los perjuicios a la ecología del planeta.

Entonces, ¿Qué se necesita para que agricultura y minería coexistan?

Empecemos por reconocer que no existe actividad productiva que no cause daño ecológico, incluida la agricultura, en la mayoría de estas podemos medir su intensidad de manera que permitamos la recuperación del daño, pero en el caso de la minería, por ser un recuso no renovable, no existe esta posibilidad, la única alternativa es minimizar el daño, de manera que se establezca un balance entre los beneficios producto de la extracción y el impacto negativo de tales operaciones; esto es lo que llamamos minería responsable.

¿Cómo distinguimos a la minería responsable? Hay ciertos factores que tienen que cumplir.

1.    El pago de la renta por la tierra que van a ocupar.

a.    Porque la tierra pertenece generalmente a comunidades campesinas quienes han ejercido su derecho de propiedad desde tiempos ancestrales.

2.    El pago por el uso del agua.

a.    Porque igualmente el uso del agua de los ríos y lagunas está regulado por juntas de usuarios y una ley de aguas.

b.    Porque se debe garantizar el agua para las comunidades campesinas y las poblaciones aledañas.

c.     Porque se debe garantizar que la empresa tenga un proceso de descontaminación de las aguas que utiliza para los relaves.

3.    El pago de impuestos proporcionales, sobre el valor de la extracción, tanto a la comunidad propietaria de la tierra, al distrito, a la provincia, a la región, como al Estado.

a.    Porque no solo el Estado tiene que recibir los beneficios de la riqueza que se extrae de nuestro territorio, también cada una de las poblaciones que están en el proceso.

4.    Elaboración de una legislación minera que obligue a las empresas extractoras a construir todas las estructuras necesarias y el uso de la más alta tecnología que minimice el daño causado, tanto al ambiente ecológico, como a la población y economía local.

5.    El pago de reparaciones de los daños ecológicos, estructurales y de infraestructura causados por su actividad.

a.    Porque no hay minería que no sea dañina, por eso es necesario que la ley exija que las empresas mineras consideren un presupuesto para reparar esos daños en lo máximo posible.

b.    Porque las reparaciones no tienen que esperar hasta el fin de las operaciones, cada año se puede hacer una evaluación y ejecutar los avances que sean posibles, las reparaciones que no puedan ser hechas en adelanto, se deberían ser cotizadas y el monto depositado en una cuenta intangible para garantizar la ejecución cuando esta sea pertinente.

c.     Porque ante la eventualidad de un cierre de operaciones, tiene que estar contemplada la restauración del espacio en la medida de lo posible.

6.    Un plan operativo para disponer eficientemente de los desechos químicos, aguas residuales, relaves y toda clase de despojos producto de sus actividades.

a.    Porque las empresas tienen que hacerse responsables de todo tipo de desechos que producen sus operaciones, evitando el daño al medio ambiente y a las poblaciones aledañas.

b.    Porque debe darse preferencia a plantas de tratamiento que corrijan la toxicidad de los residuos y/o puedan ser reciclados para otros usos.

7.    Se refieren a árbitros internacionales compuestos con acuerdo de las partes para la resolución de conflictos

a.    Porque ante un conflicto o la necesidad de una interpretación, debe existir una entidad que tenga la confianza de ambas partes para determinar una solución.

El caso especifico del proyecto Tía María en el valle del Tambo, Arequipa, a generado una crisis política debido a que la empresa que intenta llevar a cabo el proyecto ha utilizado métodos inapropiados para tomar dicha locación, haciendo uso de trucos administrativos, corrupción de funcionarios  y manipulación de los pobladores, por ende  ha perdido totalmente la confianza de los ciudadanos del Valle, que no pueden tener la certeza de que, ahora sí, cumplirá con los compromisos que se le requiere.

Como en todo contrato, que significa un acuerdo, tras una negociación, la piedra angular es la confianza entre las partes, si esta no existe, difícilmente puede tener éxito ningún acuerdo.

¿Las opciones? Cancelar los acuerdos con la minera Southern y buscar otra nueva empresa que sea confiable con sus compromisos o redactar un contrato tripartito entre el Estado, la minera y la población, donde no solo se especifique detalladamente los compromisos de la minera, sino que además se anoten las sanciones que se tomaran por cada incumplimiento y la conformación de una comisión de garantes del acuerdo, donde tengan representación el Estado y las autoridades locales, quienes juzgaran los cumplimientos debidos.

Queramos o no, la minería va a estar presente en nuestra patria por un largo tiempo aun, tenemos que afrontarla como un país soberano, y obtener de ella los beneficios para el surgimiento económico y social de nuestra patria, pero debemos, también, cuidar de nuestros ciudadanos y de la tierra que estamos heredando a las siguientes generaciones.