JULIO GUZMAN ENFRENTA AL JNE

Julio Guzmán está a punto de ser excluido del proceso electoral por deficiencias en el proceso de inscripción de su partido, Cesar Acuña es el próximo en la lista por faltas al código de ética, y falsedad en su hoja de vida, Alan García y Alfredo Barnechea han visto cuestionadas sus listas parlamentarias.

Sus seguidores acusan al JNE de actuar sospechosamente a favor de los candidatos competidores, y no les falta razón, no puedo calificar a la actuación de los miembros del JNE en cuanto se ajusta a ley; pero tachar a un candidato cuando está a mitad de la campaña electoral, peor aun cuando las encuestas le dan una posición expectante, se presta fácilmente a malas interpretaciones.

Esto no significa que estos candidatos pueden sentirse inmunes a las determinaciones del JNE; ellos entraron a la competencia bajo estas mismas reglas, si no estuvieron de acuerdo con ellas debieron hacer su reclamación antes de inscribirse, ahora solo tiene que cumplirlas, pero también corresponde determinar las deficiencias en el lado de las competencias del organismo electoral.

Es cierto que nuestra democracia es joven, pero ya deberíamos haber aprendido y rectificado los errores de forma que provocan estos desajustes; es una deficiencia dentro del propio JNE lo que nos lleva a enfrentar estas posiciones.

Debería estar entendido que el Jurado Nacional de Elecciones es el representante del Poder Electoral, un poder autónomo y decisivo del Estado, no es una oficina administrativa más, que solo  recibe, tramita y archiva documentos; como jurado está en la potestad de calificar a los partidos o agrupaciones políticas, así como a sus alianzas y a sus candidatos, además de regular todos los procesos electorales que se dan en el país.

Es sentido común que todo el proceso de inscripción, reconocimiento y calificación de las organizaciones políticas y sus candidatos debe cerrarse antes del inicio oficial de la contienda electoral; el JNE tiene la obligación no solo de revisar las tachas que se puedan presentar contra los partidos o sus candidatos, sino también investigar y constatar, de propio motivo, la veracidad de los datos presentados por los mismos, así como la moralidad, la transparencia de sus finanzas y la capacidad intelectual de los candidatos, inclusive tomando entrevistas personales.

Si bien es cierto que el JNE debe ajustarse a las leyes y a la Constitución, como cualquier otra institución del Estado, como jurado calificador no necesita de la condena activa de un delito para dar su veredicto acerca de un candidato, basta que se considere que hay evidencia suficiente que señale la comisión de los delitos para decidir si un candidato está calificado o no para postular  a un puesto de gobierno del país.

Con este procedimiento ni Alan García, ni Keiko Fujimori, ni Toledo, ni Cesar Acuña, hubieran pasado el tamiz del jurado para postular en este proceso electoral, y también se garantizaría la calidad de los pretendientes a la primera magistratura del país.

No es aceptable que a mitad de una campaña se intente descalificar a un candidato, todos los plazos del proceso deben cerrarse antes del inicio de la campaña, cualquier dato descalificatorio que no haya sido observado dentro  de los plazos establecidos, seria responsabilidad directa de los funcionarios del JNE por negligencia en sus funciones.

En conclusión, debe ser función directa del JNE investigar y calificar la probidad de las organizaciones políticas y sus candidatos, antes de iniciar un proceso electoral; de esta manera se evitan las maniobras sospechosas de manipulación política y empezamos a construir un proceso transparente y justo, con candidatos intelectualmente capaces y moralmente valorables.

LAS ELECCIONES Y LAS POLITICAS DE EMPLEO

 Uno de los primeros temas acerca de los cuales los políticos deben empezar a ser honestos es cómo piensan enfrentar el problema del desempleo, en todos los planes de gobierno los candidatos presidenciales en época de elecciones prometen impulsar aquellos sectores económicos que ocupan mayor mano de obra, como la mejor solución para crear nuevos puestos de trabajo.

En gran medida porque esto es lo que la gente quiere escuchar, sin embargo cualquier estudiante de ciencias sociales tiene que haber leído la Tercera Ola de Toffler y El Horror Económico de Vivian Forrester, lo que significa que no pueden  desconocer el impacto creciente de los avances tecnológicos sobre el uso de la mano de obra, la más alta tecnología significa el reemplazo de mayor cantidad  trabajadores, poniendo más desempleados en la calle; no hay forma de controlar esto, nadie puede hacerlo, cuanto más se perfecciona la máquina, hace el trabajo más fácil y sencillo, pero así como requiere de menor esfuerzo también disminuye la necesidad de intervención humana; por tanto mienten intencionalmente quienes prometen acabar con el desempleo, solo para no perder la preferencia de los electores.

Intentar  una solución al problema del desempleo apelando a manipular los sectores atrasados de la economía, aparecería como un intento de retrasar la historia, detener el progreso; es posible incrementar los puestos de trabajo temporalmente en estas áreas, lo que incluso nos lleva a juzgar la calidad de estos empleos, muchos de los cuales serán solo braceros mal pagados, en trabajos de estación, pero aun así, a mediano plazo, conforme estas áreas se vayan reactivando, ensancharan sus posibilidades de crecimiento y adquirirán mayor tecnología con el fin de aumentar su productividad, por tanto necesariamente tendrán que reducir el número de sus trabajadores para sobrevivir en el mercado.

Son dos las formas esenciales por las cuales se distribuye la riqueza de una nación, la primera por el trabajo a través de los salarios y la segunda por los impuestos a través de los beneficios que con ellos otorga el Estado a sus ciudadanos; en la primera línea de distribución está demostrado que no hay avance posible, en primer lugar porque la oferta de trabajo se reduce en  forma ostensible e imparable, y segundo porque el sistema de salarios diseñado por el neoliberalismo solo hacen más ricos a los ricos y mucho más pobres a los pobres, esa brecha entre pobres y ricos se hace más ancha y profunda con el tiempo y corre aceleradamente.

En este punto la base de la reconstrucción social está en la redistribución de la riqueza a través de los impuestos, invirtiendo la tasa de contribuciones para beneficiar a los de menores ingresos e incrementando la acción social del Estado.

Esto sería una solución justa e ideal si no pasara en primer lugar por tener un Estado eficiente y libre de corrupción; ¿una utopía? … no lo creo así, la tarea pendiente es devolver el poder de decisión política a los ciudadanos de quienes emana todo el poder del Estado,  arrancándola de manos de una elite política traidora que la detenta y ostenta como propiedad heredada.

Crear este nuevo tipo de Estado que nos represente como nación, requiere una nueva Constitución, que defina los poderes del Estado, las funciones de las instituciones que lo conforman y la forma de elegirlos.

Una circunstancia favorable que se presenta actualmente es que la nación actualmente se regenta bajo una Constitución inconstitucional, decretada bajo una dictadura para justificar su gobierno. Para ello es necesario comenzar a trabajar en conseguir una mayoría en el Congreso.

  

¿QUIEN ES ANTISISTEMA?

Parece que hasta ahora tanto la izquierda peruana como Latinoamericana está confundiendo los términos de la contienda política, por sentido común la posición de la izquierda es antisistema, sin embargo sus líderes continúan luchando por entrar en el sistema antes que luchar contra él.

La sensación de que pertenecer al sistema es una forma de ser escuchados y conseguir más adeptos se disuelve en cuanto nos damos cuenta que este sistema está diseñado para retroalimentarse y reproducirse, a fin de cuentas no importa mucho quien salga ganador en las elecciones, porque no puede romper las reglas y tendrá que ajustarse un poco más o un poco menos a la maquinaria que ya está funcionando y todo se mantiene igual; es decir unas voces discordantes y algunos actos aislados de rebeldía no rompen el esquema, es solo un daño colateral calculado.

Romper con el sistema requiere la reforma estructural del Estado, lo que significa un cambio constitucional para poner sobre sus patas lo que se encuentra cabeza abajo, es decir devolver el poder de decisión política al ciudadano, cuyo poder actualmente se encuentra enfeudado a los grandes señores de la política, los cuales a su vez no son más que títeres de los intereses económicos de los monopolios transnacionales.

Si perdemos de vista este objetivo nos convertimos solamente en una pieza más de la vieja maquinaria neoliberal, por esto más allá de las reformas parciales y las buenas leyes, las cuales tienen su valor y se deben apreciar como un alivio temporal a la presión sobre una parte de la población, necesitamos insistir en que esto no traerá ninguna solución real mientras no se logre el cambio fundamental de la base del sistema.