NUEVA CONSTITUCION

¿Necesitamos realmente de una nueva constitución? Con el descubrimiento de la red de corrupción que esta copando las instituciones del Estado y como una mayoría política en el Congreso trataba de blindarla y de cubrirla, saltó al centro de la atención publica la necesidad de realizar cambios en las reglas de como funciona nuestra sociedad, algunos de estos tienen que ver con leyes, pero otros mas tienen que ver con la Constitución.
Poco a poco se esta asentando en la ciudadanía la idea de que cambiar nuestra Constitución no es una idea radicalista y desproporcionada; se va apareciendo, mas bien, como algo bastante sensato y va surgiendo en la agenda política de los aspirantes a congresistas.
Los sectores de derecha están cayendo en pánico con la sola idea que esto se proponga, pero su preocupación esencial es que se propongan cambios al modelo de crecimiento económico, el neoliberalismo que impuso la dictadura fujimorista, del que estaban tan orgullosos por su éxito en Chile, ejemplo para Sudamérica, y que ahora ha mostrado toda su decadencia.
Es hora de que el ciudadano común conozca cuales son los valores que nos ha traído el neoliberalismo para el país; ciertamente hemos tenido un crecimiento económico sostenido, por lo menos en los últimos diez años, los índices nos han llevado desde un 2% a un 4% y hasta cerca de un 7% en su mejor momento, poniéndonos entre los primeros lugares de los países en América Latina, aunque esta tasa de crecimiento ha estado influenciada por la tendencia alcista del precio de los minerales en el mercado internacional, también se estimuló la inversión privada, nacional y extranjera,  aportando un poco de modernidad a las ciudades.
Pero si la imagen macroeconómica del país estaba brillando, ¿Cómo afecto esto a la economía del ciudadano común, al trabajador que tiene que ganar su pan cada día? El libre mercado, estipula que el Estado debe inhibirse de participar en la economía tanto como regulador o como competidor, esto en la practica significa que en el país las reglas comerciales las pone la empresa privada; estemos claros que nadie esta proponiendo un control de precios establecidos por el gobierno, ya se ha demostrado los efectos desastrosos que esto trae en la economía, tampoco podemos aceptar empresas burocráticas, mal manejadas, que solo generan perdidas en manos del Estado, pero existen ciertas áreas estratégicas donde el Estado puede tomar el control eficientemente y no dejarlas en manos privadas para una ganancia fácil, como Emape, Sedapal, Petroperu, etc.; asimismo la regulación del Estado no debe servir para constreñir la actividad privada, sino para garantizar una competencia justa, una economía de mercado no puede ser la ley de la selva, el mercado regula precios y el éxito o fracaso de las empresas, pero por principio debe existir una equidad para la competencia comercial y corregirse desviaciones perversas que se producen en circunstancias especiales.
Abandonar la economía nacional en manos del mercado, significa la reducción del empleo formal frente a un incremento sustancial de la demanda laboral, es decir aumento de las horas de trabajo, incremento de la carga laboral, reducción del salario y fomento de la mano de obra informal.
Es decir, el país a nivel Latinoamericano se ha posicionado favorablemente por sus indicadores económicos, pero los peruanos de a pie no disfrutamos de esa bonanza, por el contrario, vemos afectados nuestros derechos laborales y se incrementa la informalidad, solamente los grandes empresarios disponen de las ganancias que estas reglas de mercado les brindan.
Asimismo, brinda la oportunidad para que los intereses privados invadan el espacio público, como se ha demostrado, el sistema político ha sido manejado durante décadas con el dinero aportado por los conglomerados financieros a las campañas políticas de los diversos candidatos, de esta manera compran cuotas de poder que les servirán para conseguir prebendas y se aseguran de que ciertos políticos defiendan sus intereses desde sus posiciones.
Cambiar la constitución que fue creada por una dictadura y que refleja el pacto que este tenia con los lobbies empresariales, asegurándoles que sus contratos leoninos, acordados por políticos corruptos y que afectan los intereses nacionales, no puedan ser revisados ni objetados, es una necesidad impostergable; hay aspectos positivos de la política económica que deben ser rescatados, pero otros mas que necesitan ser modificados; en especial y con mucha determinación hay que ser consistentes con la reforma del sistema político existente, no podemos seguir aceptando que políticos corruptos copen las instituciones del Estado, tenemos que hacerles saber que nuestro voto no es un cheque en blanco para el candidato, los mecanismos de control tienen que ser directos e inmediatos, el político llega a su puesto porque representa un interés ciudadano y no pude apartarse de él, pues no es su voz la que representa, sino la de sus votantes.
No debemos aceptar que nuestro voto sea confinado a la decisión de las dirigencias de algunas organizaciones políticas, si el voto ciudadano se dirige a un determinado candidato, esto no tiene porque favorecer a otros que postulan en la misma lista solo porque fue ubicado en un puesto expectante.
Podemos darnos cuenta ahora, que los sectores de la DBA han levantado el fantasma del terrorismo para mantener el miedo en la población y poder manipularlos políticamente, a lo que ahora se suma el fantasma del chavismo, otra forma de hacernos creer que vamos a caer en manos totalitarias; ellos han sido, con sus campañas sicosociales y el dinero negro de la corrupción, los que han estado canalizando las expectativas populares en su beneficio particular; pero tenemos que saber que  también existe una derecha honesta y sensata, la DHS que el país necesita, quienes se expresan periodísticamente con Rosa María Palacios, Raúl Tola, Álvarez Rodrich, Juan Carlos Tafur; porque es cierto, el país necesita de una DHS tanto como de una izquierda lucida y consecuente, porque solo de una confrontación ideológica abierta, donde cada posición sustente sus enfoques respecto a la visión de país que cada cual respalda, podrá llevarnos a conseguir los consensos necesarios para construir un proyecto nacional conjunto.
Uno de los graves errores que están cometiendo los gobiernos Latinoamericanos, tanto de izquierda como de la derecha, es agudizar las contradicciones en el proceso de defensa de sus enfoques, generando una polarización que a la larga solo provoca que el bando contrario refuerce sus alianzas gracias a los resentimientos anti gubernamentales, lo cual está generando un ciclo en el cual ambos se relevan en el poder.
Revertir este proceso requiere reforzar el espacio de la DHS como único interlocutor válido, porque la DBA estará siempre enraizada con los sistemas de corrupción y su manera de interpretar el mundo esta sujeta a sus intereses particulares antes que a una visión de país.
Una nueva constitución es la oportunidad de renegociar el contrato social que como nación merecemos, asi como hemos podido poner la asamblea constituyente sobre la mesa de debate, ahora toca convencer a esa DHS que no debe temer a una nueva constitución, que los cambios requeridos no van a sostener un gobierno estatista y autoritario, que no se va a destruir la economía de mercado, que no se pretende expropiar la riqueza, ni usar los programas sociales para reclutar adherentes.
La reforma política que debe resolverse en la nueva constitución esta dirigida a devolver el poder de decisión al ciudadano, desmantelando el dominio de esa elite de políticos “profesionales”.
La patria necesita superar este sistema político irracional que nos ha envuelto en la corrupción y la explotación laboral.

CRISIS DE CONFIANZA

Se pidió una cuestión de confianza al congreso para aplicar una reforma política, reforma que se vuelve imprescindible y urgente frente a las revelaciones acerca de la compleja red de corrupción que copa todas las instituciones del Estado.

La reforma planteada no es la panacea que va a resolver los intrincados problemas de nuestra política, pero es un pequeño paso adelante, una muestra de que existe la voluntad de ir resolviendo las cosas.

Pero resulta irónico pedir la confianza de un parlamento completamente desacreditado, por sus lazos con la corrupción, que sostiene, por último, un ínfimo 10% de aprobación de la ciudadanía.

El contrato social que es el fundamento de una república, se rige bajo la de equidad, la cual se alcanza en la confianza que cada una de las partes cumpla el rol que se le ha prescrito.

Esta republica pasa por una etapa de decadencia desde que los actores políticos desconfían entre sí y han perdido la confianza del electorado, lo más importante; están supuestos a representar a los diversos sectores de la ciudadanía y defender sus intereses, sin embargo, se han convertido en representantes de sus propios intereses, los cuales defienden conspirando y obteniendo apoyos que van en contra del bienestar público.

La república se fundó bajo los preceptos de un sistema democrático representativo, lo que significa que elegimos por voto universal a quienes deben representar nuestros intereses en el parlamento y que existe una división de poderes que debe garantizar un justo balance en la ejecución de dichos poderes.

La representación nunca funciono como en la teoría, pues en una sociedad dividida en clases antagónicas, la hegemonía política nunca les fue disputada a la clase dominante, sin embargo con el desarrollo tecnológico, los avances en la educación, el cambio paradigmático que significo la globalización y el ingreso a la era posmoderna, las clases sociales, tal como las habíamos conocido y fueron definidas por Karl Marx, fueron diluyéndose paulatinamente hasta quedar desaparecidas, la disolución de las clases fueron formando decenas de estratos sociales, cuyas redes e intereses se entrecruzan unas a otras según los escenarios.

Sin unas clases sociales claramente definidas para sí, los partidos políticos pierden su base social, de quienes obtienen su representación, que es su razón de ser dentro del pacto social; podemos ver ahora esas organizaciones políticas como un simple cascaron, un club de amigos que se reúnen con la finalidad de obtener cargos políticos, cuyas miras están en obtener beneficios personales más allá del bienestar de la patria.

Como podríamos pedir la confianza del pueblo a unos políticos que no representan a nadie, mas que a ellos mismos, ¿Cómo confiarles una reforma del sistema político al que están aferrados por su conveniencia?

El sistema se cierra en un círculo vicioso, se retroalimenta y se regenera por si mismo, podemos encerrar en la cárcel a Toledo, PPK, Humala y a todos los demás, pero, mientras el sistema siga intacto, aunque los rostros van a cambiar, la situación va a continuar sin variación.

Hay que conocer la manera como está construida la representación política, la cual garantiza a los supuestos “partidos” u organizaciones políticas el poder de decidir a quienes pone en una posición de poder.

Los partidos políticos, tal como fueron diseñados en el principio democrático, se basan en una doctrina, que reflejan una visión única del mundo, una mística, forjada en el trabajo político y las luchas cotidianas y además una disciplina construida dentro de una organización jerarquizada.

El tipo de organización política que se ha generado a raíz de los cambios sociales, no sostienen una doctrina, porque su visión del mundo es una plantilla surgida desde el esquema neoliberal, los cuales proponen antes de que hacer, el dejar hacer, la cual comparten a grandes rasgos con sus oponentes electorales, la supuesta ideología que detentan se reduce a un plan de gobierno, que no es más que la suma una serie de reivindicaciones populares, planteadas indistintamente con el objetivo de jalar votos.

No son capaces de crear una mística militante entre sus partidarios, porque no tienen una historia de vida como organización, no hay luchas, victorias y derrotas que compartir a través de los años, su vida orgánica se reduce a campañas electorales cada vez que necesitan colocar a sus dirigentes en un puesto público.

No pueden establecer una disciplina entre sus partidarios, en primer lugar, porque estos no son permanentes, fluyen y confluyen en cada proceso electoral de acuerdo a las circunstancias y conveniencias particulares de cada cual, en segundo lugar, porque se hace evidente que las posiciones dirigenciales al interior de la organización se manejan, no por el trabajo político, sino de acuerdo a las contribuciones económicas que puede hacer cada cual.

Se demuestra de esta forma que dichas organizaciones políticas no son representativas de una clase social, ni de sectores relevantes de la sociedad, solo representan a pequeños grupos de interés, cuyo objetivo es obtener el voto ciudadano para capturar una posición de poder que les beneficie individualmente.

Si esta casta política no tiene una legitimidad ciudadana, poco o nada se puede negociar con ella, si además tenemos en cuenta que dentro de la mayoría parlamentaria encontramos no pocos casos vinculados a las redes de corrupción que azotan el país, todo acuerdo quedara viciado por sus propios autores o en todo caso nulo por las circunstancias de su nacimiento.

Por tanto, reconstruir la confianza ciudadana que demanda un contrato social, requiere la renovación, no solo de los representantes políticos, sino del sistema político en sí; hay que cambiar la manera de hacer política en el país, esto impone variar los artículos constitucionales que se refieren al tema.

 La reforma política planteada por el actual gobierno es un paso adelante que trata de corregir algunos de los vicios del sistema, pero aun siendo insuficiente se ha convertido en ineficaz con los cambios tramposos que le ha introducido el debate en el congreso.

Una real reforma del sistema político necesita devolver el poder de decisión al ciudadano común, que el voto universal sea el respaldo de cada resolución que adopte el parlamento, los representantes son solo voceros de la voluntad popular y no la resuelven por sí mismos.

Necesitamos dividir el mapa electoral en suficientes distritos de manera que los candidatos sean votados por su propia comunidad, que ocupen su puesto tan solo por sus propios méritos y no por el simple arrastre de una organización política; esto implica que el ciudadano vote por un individuo en particular, conociendo sus capacidades y sus debilidades; lo cual significa descabezar el poder de las cupulas partidarias sobre las candidaturas y los candidatos, sin intención de proscribir o limitar la acción de las organizaciones políticas, las cuales continuaran promocionando a los candidatos de su preferencia, el objetivo es romper la dependencia absoluta del candidato con dichas organizaciones; estudios recientes de IPSOS muestran que menos del 50% de la población conoce quienes son sus representantes en el congreso, evidencia suficiente de que estos representantes nacen deslegitimados; esta medida también evita un fenómeno que viene sucediendo actualmente, por el cual candidatos que obtienen una mayor votación en su jurisdicción no logran acceder a una posición debido a que otro candidato menos votado pertenece a una organización que a ganado un cupo que se debe cumplir según la ley.

Enseguida tiene que instaurarse un debido tamiz sobre los precandidatos, para evitar que individuos con historial delictivo o procesos pendientes se encumbren en posiciones de poder; en concordancia con esto, limitar la prerrogativa de inmunidad exclusivamente a los delitos cometidos dentro de su función como parlamentarios, para evitar que los delincuentes se amparen en su cargo para evadir la acción de la justicia, como viene sucediendo

Otro punto imprescindible resulta ser, expedir las leyes necesarias para impedir el ingreso de dinero sucio en las campañas electorales, así como las influencias de intereses particulares que van en contra del bienestar público; la imposición de un monto limite por persona a las aportaciones de campaña y la prohibición de aportes anónimos, ni de personas jurídicas, van por ese camino.

Por supuesto, el cambio del régimen político esta ligado a una limpieza escrupulosa del otro poder del Estado, la reforma judicial es tan imprescindible como urgente, frente a la cantidad de cuestionamientos que han salido a la luz pública, que implican no solo a jueces de menor jerarquía, sino que alcanza a las mas altas autoridades del poder judicial.

Una reforma del sistema político, de esta naturaleza, va a desencadenar una serie de reivindicaciones, largamente esperadas por la población, como la reforma del sistema laboral y de pensiones, una readecuación de los servicios de salud pública, reforma del sistema educativo nacional, evolución de los sistemas de seguridad y orden público, cambio de las reglas de contratación de servicios con el Estado, revisión de los contratos existentes, estudio de las leyes de concesión para la extracción de recursos naturales, etc. todo lo cual implica una severa reforma del sistema económico vigente.

A su vez, una reforma del sistema económico de tal naturaleza, traerá consigo un cambio remarcable en las relaciones sociales, cuya expresión más visible se hará patente en los vinculos de poder entre los diferentes estratos de nuestra sociedad.

Si asumimos esta cadena de sucesos, debemos deducir que una reforma política por si sola no es suficiente, se hace necesario una verdadera reingeniería del contrato social con el que funciona nuestra nación, no basta poner un parche aquí y otro allá, a la constitución nacida de la dictadura fujimorista, necesitamos una asamblea constituyente, con la legitimidad nacida en el voto popular, que cambie completamente las reglas de juego; es por ese motivo que a los que sostenemos esta propuesta nos llaman antisistema, justamente porque creemos que el sistema vigente es injusto y no nos representa y queremos poner sobre sus pies lo que está funcionando cabeza abajo.

Sostengo que las reformas presentadas por el actual gobierno son loables y debemos apoyarlas, solo los sectores más anacrónicos de la política se atreven a oponerse, defendiendo evidentemente intereses mas bien particulares y las graves irregularidades que desean mantener ocultas; pero seamos conscientes que significan solo un pequeño paso adelante, no van a darnos una solución instantánea a los problemas políticos que el país viene enfrentando, la lucha va a continuar y debemos estar listos para enfrentar los siguientes retos que nos depara hacer realidad la patria que queremos.

El cierre de este congreso es una medida actual y reclamada por toda la ciudadanía, este es un sentimiento que la mayoría aprofujimorista se ha ganado a pulso, con reiterados actos de soberbia y el descaro con que han blindado y siguen blindando a sus corruptos;  Vizcarra tuvo la oportunidad de oro de hacerlo legal y constitucionalmente, cuando desacataron el segundo voto de confianza solicitado, pero prefirió darles un plazo más, el llamado a elecciones generales acortando su propio mandato, como un acto de desprendimiento personal, lo que le cubre con un manto de legitimidad ante la población.

¿Qué se puede esperar como reacción en estas circunstancias? Difícilmente un acatamiento, por tanto, corresponde al presidente de la republica dar los pasos finales y acabar con firmeza este enfrentamiento entre el ejecutivo y las lacras corruptas que se han empoderado en el parlamento, ya que tienen al país, estos últimos años, en una situación de estancamiento e inestabilidad que perjudica seriamente nuestro desarrollo.

Estamos en una etapa crucial de la lucha contra la red mafiosa que corroe las entrañas de nuestra institucionalidad, en estos momentos, no importa si somos de izquierda, derecha o centro, si somos peruanos y somos honestos, nos importa nuestro país, ahora estamos ante una oportunidad para impulsar los cambios político-sociales que la nación requiere y dar el salto al futuro que nos pondrá en una posición de liderazgo en América Latina; es importante, por ello, la presión que nosotros en la calle podemos ejercer para evitar un paso atrás; reconstruyamos nuestra nación, camino al bicentenario de nuestra independencia, fundando la tercera república.