¿Necesitamos realmente de una nueva constitución? Con el descubrimiento de la red de corrupción que esta copando las instituciones del Estado y como una mayoría política en el Congreso trataba de blindarla y de cubrirla, saltó al centro de la atención publica la necesidad de realizar cambios en las reglas de como funciona nuestra sociedad, algunos de estos tienen que ver con leyes, pero otros mas tienen que ver con la Constitución.
Poco a poco se esta asentando en la ciudadanía la idea de que cambiar nuestra Constitución no es una idea radicalista y desproporcionada; se va apareciendo, mas bien, como algo bastante sensato y va surgiendo en la agenda política de los aspirantes a congresistas.
Los sectores de derecha están cayendo en pánico con la sola idea que esto se proponga, pero su preocupación esencial es que se propongan cambios al modelo de crecimiento económico, el neoliberalismo que impuso la dictadura fujimorista, del que estaban tan orgullosos por su éxito en Chile, ejemplo para Sudamérica, y que ahora ha mostrado toda su decadencia.
Es hora de que el ciudadano común conozca cuales son los valores que nos ha traído el neoliberalismo para el país; ciertamente hemos tenido un crecimiento económico sostenido, por lo menos en los últimos diez años, los índices nos han llevado desde un 2% a un 4% y hasta cerca de un 7% en su mejor momento, poniéndonos entre los primeros lugares de los países en América Latina, aunque esta tasa de crecimiento ha estado influenciada por la tendencia alcista del precio de los minerales en el mercado internacional, también se estimuló la inversión privada, nacional y extranjera, aportando un poco de modernidad a las ciudades.
Pero si la imagen macroeconómica del país estaba brillando, ¿Cómo afecto esto a la economía del ciudadano común, al trabajador que tiene que ganar su pan cada día? El libre mercado, estipula que el Estado debe inhibirse de participar en la economía tanto como regulador o como competidor, esto en la practica significa que en el país las reglas comerciales las pone la empresa privada; estemos claros que nadie esta proponiendo un control de precios establecidos por el gobierno, ya se ha demostrado los efectos desastrosos que esto trae en la economía, tampoco podemos aceptar empresas burocráticas, mal manejadas, que solo generan perdidas en manos del Estado, pero existen ciertas áreas estratégicas donde el Estado puede tomar el control eficientemente y no dejarlas en manos privadas para una ganancia fácil, como Emape, Sedapal, Petroperu, etc.; asimismo la regulación del Estado no debe servir para constreñir la actividad privada, sino para garantizar una competencia justa, una economía de mercado no puede ser la ley de la selva, el mercado regula precios y el éxito o fracaso de las empresas, pero por principio debe existir una equidad para la competencia comercial y corregirse desviaciones perversas que se producen en circunstancias especiales.
Abandonar la economía nacional en manos del mercado, significa la reducción del empleo formal frente a un incremento sustancial de la demanda laboral, es decir aumento de las horas de trabajo, incremento de la carga laboral, reducción del salario y fomento de la mano de obra informal.
Es decir, el país a nivel Latinoamericano se ha posicionado favorablemente por sus indicadores económicos, pero los peruanos de a pie no disfrutamos de esa bonanza, por el contrario, vemos afectados nuestros derechos laborales y se incrementa la informalidad, solamente los grandes empresarios disponen de las ganancias que estas reglas de mercado les brindan.
Asimismo, brinda la oportunidad para que los intereses privados invadan el espacio público, como se ha demostrado, el sistema político ha sido manejado durante décadas con el dinero aportado por los conglomerados financieros a las campañas políticas de los diversos candidatos, de esta manera compran cuotas de poder que les servirán para conseguir prebendas y se aseguran de que ciertos políticos defiendan sus intereses desde sus posiciones.
Cambiar la constitución que fue creada por una dictadura y que refleja el pacto que este tenia con los lobbies empresariales, asegurándoles que sus contratos leoninos, acordados por políticos corruptos y que afectan los intereses nacionales, no puedan ser revisados ni objetados, es una necesidad impostergable; hay aspectos positivos de la política económica que deben ser rescatados, pero otros mas que necesitan ser modificados; en especial y con mucha determinación hay que ser consistentes con la reforma del sistema político existente, no podemos seguir aceptando que políticos corruptos copen las instituciones del Estado, tenemos que hacerles saber que nuestro voto no es un cheque en blanco para el candidato, los mecanismos de control tienen que ser directos e inmediatos, el político llega a su puesto porque representa un interés ciudadano y no pude apartarse de él, pues no es su voz la que representa, sino la de sus votantes.
No debemos aceptar que nuestro voto sea confinado a la decisión de las dirigencias de algunas organizaciones políticas, si el voto ciudadano se dirige a un determinado candidato, esto no tiene porque favorecer a otros que postulan en la misma lista solo porque fue ubicado en un puesto expectante.
Podemos darnos cuenta ahora, que los sectores de la DBA han levantado el fantasma del terrorismo para mantener el miedo en la población y poder manipularlos políticamente, a lo que ahora se suma el fantasma del chavismo, otra forma de hacernos creer que vamos a caer en manos totalitarias; ellos han sido, con sus campañas sicosociales y el dinero negro de la corrupción, los que han estado canalizando las expectativas populares en su beneficio particular; pero tenemos que saber que también existe una derecha honesta y sensata, la DHS que el país necesita, quienes se expresan periodísticamente con Rosa María Palacios, Raúl Tola, Álvarez Rodrich, Juan Carlos Tafur; porque es cierto, el país necesita de una DHS tanto como de una izquierda lucida y consecuente, porque solo de una confrontación ideológica abierta, donde cada posición sustente sus enfoques respecto a la visión de país que cada cual respalda, podrá llevarnos a conseguir los consensos necesarios para construir un proyecto nacional conjunto.
Uno de los graves errores que están cometiendo los gobiernos Latinoamericanos, tanto de izquierda como de la derecha, es agudizar las contradicciones en el proceso de defensa de sus enfoques, generando una polarización que a la larga solo provoca que el bando contrario refuerce sus alianzas gracias a los resentimientos anti gubernamentales, lo cual está generando un ciclo en el cual ambos se relevan en el poder.
Revertir este proceso requiere reforzar el espacio de la DHS como único interlocutor válido, porque la DBA estará siempre enraizada con los sistemas de corrupción y su manera de interpretar el mundo esta sujeta a sus intereses particulares antes que a una visión de país.
Una nueva constitución es la oportunidad de renegociar el contrato social que como nación merecemos, asi como hemos podido poner la asamblea constituyente sobre la mesa de debate, ahora toca convencer a esa DHS que no debe temer a una nueva constitución, que los cambios requeridos no van a sostener un gobierno estatista y autoritario, que no se va a destruir la economía de mercado, que no se pretende expropiar la riqueza, ni usar los programas sociales para reclutar adherentes.
La reforma política que debe resolverse en la nueva constitución esta dirigida a devolver el poder de decisión al ciudadano, desmantelando el dominio de esa elite de políticos “profesionales”.
La patria necesita superar este sistema político irracional que nos ha envuelto en la corrupción y la explotación laboral.
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