BAMBOLEOS EN LAS BAMBAS

El conflicto surgido en Apurímac con la minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba, ha generado diversas reacciones, lo que es evidente es que ha sido muy mal manejado por el gobierno.

En primer lugar, un sector importante de la prensa ha tratado de crear una imagen negativa de los comuneros, anunciaron que la empresa minera ocupo la tierra que pertenecía ancestralmente a la comunidad y a cambio les había creado un pueblo nuevo, con casas modernas, servicios de agua, desagüe, electricidad, pistas asfaltadas, veredas, escuela, posta médica, etc. también les dio tierras para uso de su ganadería y cultivos, recompensándolos además con millonarias sumas por el traslado.

Gran parte de esto es verdad, aunque de ninguna manera podemos calificar de “ricos” a los comuneros por los beneficios que han recibido, ni mucho menos, lo cierto es que, a pesar que la negociación de este convenio puede considerarse uno de los mejores que han obtenido las comunidades en litigio con las empresas mineras en el país, dista aun de ser una justa compensación, en concordancia al valor de la riqueza que se extraerá de esa tierra.

Pero, aun en el caso de que pudiéramos afirmar que estos comuneros son poseedores de una gran fortuna, gracias a los beneficios obtenidos por sus tierras, no podemos tomar la actitud de descalificarlos debido a su situación económica, especialmente cuando están defendiendo un derecho garantizado por nuestra constitución, que es el derecho de propiedad.

Es la actitud que toman algunos conservadores extremos cuando descalifican a la victima de violación, porque se vestía con ropa sensual o porque se encontraba alcoholizada (¿recuerdan el argumento de que las niñas que se muestran como en un escaparate?) o cuando descalifican a la víctima de un asalto porque caminaba solo a altas horas de la noche, o descalificarlo porque anteriormente ha cometido un delito; ninguno de estos argumentos puede validar el atropello de los derechos de una víctima.

Cabe recordar que el acuerdo de los comuneros de Fuerabamba fue firmado con la empresa Xtrata, de origen suizo, dentro del cual se estipulaba que el mineral extraído seria transportado a la costa por medio de un mineroducto, sin embargo, tiempo después Xtrata vende la mina a MMG, de origen chino, esta última reevaluó su presupuesto y se dio cuenta que no era rentable construir el mineroducto solo para transportar el producto de Las Bambas, a Xtrata le convenia porque tenia otras propiedades en la zona, por tanto solicita autorización para sacar sus producción en camiones por carretera y el gobierno peruano accede a su petición, dándole derecho de paso por un camino que atraviesa parte del fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba como resultado del trato con la minera, y declarándola como vía nacional.

Queda claro que el conflicto tiene su raíz en la incongruencia del gobierno, mas bien que con la empresa, en primer lugar, no podía aceptarse el cambio de los términos del acuerdo, sin consultar con la otra parte, es decir la comunidad, el acuerdo especificaba un mineroducto, no el transporte por camiones, segundo, el gobierno no puede declarar una vía como nacional dentro de una propiedad privada, no sin la consulta con los propietarios y pagando el justiprecio.

Nadie tiene derecho a apoderarse de la propiedad de otro, aun el Estado, en caso de necesidad publica el Estado puede expropiar, pero antes debe pagar su precio, en este caso obviamente se han atropellado los derechos de propiedad.

Arguyen otros que la carretera ya existía allí cuando les ofrecieron la propiedad, sin embargo, este es un falso argumento, aun cuando esto fuera cierto, solo significa que que fueron engañados desde el principio, ya que no se puede vender un terreno como unidad si tenemos una carretera cruzándola.

Tampoco se puede argüir que después de todos estos años recién los propietarios reclaman sus derechos, el tiempo no da legalidad al atropello.

Una vez reconocida la injusticia, vamos a la protesta, este gobierno cometido el gran error de criminalizarla, encarcelando a sus dirigentes y a sus asesores, acusando a los dirigentes de bloquear la carretera y a los asesores de extorsionar a la empresa minera.

Pero de qué manera creen que los pueblos mas alejados pueden hacerse escuchar, acaso creen que, si no hubieran tomado esta medida ¿el país se hubiera enterado de su problema? ¿el gobierno estaría tomando caminos de dialogo para resolver la crisis?

 La actitud del gobierno es contraproducente, ordenando la detención de los dirigentes de las comunidades que se movilizan en apoyo a sus colegas.

En el caso de los abogados, los cuales trabajan sin honorarios, como lo hacen la mayoría que trabajan en casos civiles asesorando personas que no tienen suficientes recursos económicos, solo cobran un porcentaje de lo que logran obtener, si es que logran ganar el caso, entonces ¿exigir una retribución económica por los años de uso de una propiedad privada es extorsión? ¿asesorar a una comunidad campesina para que reclamen por un derecho conculcado es delito?

Incluso en el caso que realmente aquellos abogados hubieran estado trabajando intereses personales, como pretende acusar la fiscalía, basta tener un poco de sentido común para darse cuenta que no es el momento oportuno para ejecutar una orden de prisión preliminar, justo en medio de una crisis que está saliéndose de control.

Lo que ha logrado el gobierno con esta actitud es quedarse sin interlocutores validos para resolver la crisis mediante un dialogo; además, la explosión de esta crisis ha movilizado no solo a la comunidad de Fuerabamba, sino a toda la región sur andina, que se está movilizando en su apoyo; la soberbia de los representantes del Estado para no desarrollar una salida oportuna al problema, tomando prisioneros justamente cuando ya la empresa minera había reconocido que debía pagar una retribución, ha provocado más bien, que otras comunidades vecinas también se percaten del atropello de sus derechos y empiecen a exigir un resarcimiento económico por el uso de su tierras.

Si el gobierno quiere sinceramente resolver este conflicto sin un baño de sangre como resulto con el Baguazo, debe comenzar por reconocer sus errores, buscar los interlocutores validos y encontrar las soluciones consensuadas entre las tres partes del conflicto, el Estado, la empresa minera y la comunidad campesina.