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jueves, 4 de abril de 2019

BAMBOLEOS EN LAS BAMBAS


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El conflicto surgido en Apurímac con la minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba, ha generado diversas reacciones, lo que es evidente es que ha sido muy mal manejado por el gobierno.
En primer lugar, un sector importante de la prensa ha tratado de crear una imagen negativa de los comuneros, anunciaron que la empresa minera ocupo la tierra que pertenecía ancestralmente a la comunidad y a cambio les había creado un pueblo nuevo, con casas modernas, servicios de agua, desagüe, electricidad, pistas asfaltadas, veredas, escuela, posta médica, etc. también les dio tierras para uso de su ganadería y cultivos, recompensándolos además con millonarias sumas por el traslado.
Gran parte de esto es verdad, aunque de ninguna manera podemos calificar de “ricos” a los comuneros por los beneficios que han recibido, ni mucho menos, lo cierto es que, a pesar que la negociación de este convenio puede considerarse uno de los mejores que han obtenido las comunidades en litigio con las empresas mineras en el país, dista aun de ser una justa compensación, en concordancia al valor de la riqueza que se extraerá de esa tierra.
Pero, aun en el caso de que pudiéramos afirmar que estos comuneros son poseedores de una gran fortuna, gracias a los beneficios obtenidos por sus tierras, no podemos tomar la actitud de descalificarlos debido a su situación económica, especialmente cuando están defendiendo un derecho garantizado por nuestra constitución, que es el derecho de propiedad.
Es la actitud que toman algunos conservadores extremos cuando descalifican a la victima de violación, porque se vestía con ropa sensual o porque se encontraba alcoholizada (¿recuerdan el argumento de que las niñas que se muestran como en un escaparate?) o cuando descalifican a la víctima de un asalto porque caminaba solo a altas horas de la noche, o descalificarlo porque anteriormente ha cometido un delito; ninguno de estos argumentos puede validar el atropello de los derechos de una víctima.
Cabe recordar que el acuerdo de los comuneros de Fuerabamba fue firmado con la empresa Xtrata, de origen suizo, dentro del cual se estipulaba que el mineral extraído seria transportado a la costa por medio de un mineroducto, sin embargo, tiempo después Xtrata vende la mina a MMG, de origen chino, esta última reevaluó su presupuesto y se dio cuenta que no era rentable construir el mineroducto solo para transportar el producto de Las Bambas, a Xtrata le convenia porque tenia otras propiedades en la zona, por tanto solicita autorización para sacar sus producción en camiones por carretera y el gobierno peruano accede a su petición, dándole derecho de paso por un camino que atraviesa parte del fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba como resultado del trato con la minera, y declarándola como vía nacional.
Queda claro que el conflicto tiene su raíz en la incongruencia del gobierno, mas bien que con la empresa, en primer lugar, no podía aceptarse el cambio de los términos del acuerdo, sin consultar con la otra parte, es decir la comunidad, el acuerdo especificaba un mineroducto, no el transporte por camiones, segundo, el gobierno no puede declarar una vía como nacional dentro de una propiedad privada, no sin la consulta con los propietarios y pagando el justiprecio.
Nadie tiene derecho a apoderarse de la propiedad de otro, aun el Estado, en caso de necesidad publica el Estado puede expropiar, pero antes debe pagar su precio, en este caso obviamente se han atropellado los derechos de propiedad.
Arguyen otros que la carretera ya existía allí cuando les ofrecieron la propiedad, sin embargo, este es un falso argumento, aun cuando esto fuera cierto, solo significa que que fueron engañados desde el principio, ya que no se puede vender un terreno como unidad si tenemos una carretera cruzándola.
Tampoco se puede argüir que después de todos estos años recién los propietarios reclaman sus derechos, el tiempo no da legalidad al atropello.
Una vez reconocida la injusticia, vamos a la protesta, este gobierno cometido el gran error de criminalizarla, encarcelando a sus dirigentes y a sus asesores, acusando a los dirigentes de bloquear la carretera y a los asesores de extorsionar a la empresa minera.
Pero de qué manera creen que los pueblos mas alejados pueden hacerse escuchar, acaso creen que, si no hubieran tomado esta medida ¿el país se hubiera enterado de su problema? ¿el gobierno estaría tomando caminos de dialogo para resolver la crisis?
 La actitud del gobierno es contraproducente, ordenando la detención de los dirigentes de las comunidades que se movilizan en apoyo a sus colegas.
En el caso de los abogados, los cuales trabajan sin honorarios, como lo hacen la mayoría que trabajan en casos civiles asesorando personas que no tienen suficientes recursos económicos, solo cobran un porcentaje de lo que logran obtener, si es que logran ganar el caso, entonces ¿exigir una retribución económica por los años de uso de una propiedad privada es extorsión? ¿asesorar a una comunidad campesina para que reclamen por un derecho conculcado es delito?
Incluso en el caso que realmente aquellos abogados hubieran estado trabajando intereses personales, como pretende acusar la fiscalía, basta tener un poco de sentido común para darse cuenta que no es el momento oportuno para ejecutar una orden de prisión preliminar, justo en medio de una crisis que está saliéndose de control.
Lo que ha logrado el gobierno con esta actitud es quedarse sin interlocutores validos para resolver la crisis mediante un dialogo; además, la explosión de esta crisis ha movilizado no solo a la comunidad de Fuerabamba, sino a toda la región sur andina, que se está movilizando en su apoyo; la soberbia de los representantes del Estado para no desarrollar una salida oportuna al problema, tomando prisioneros justamente cuando ya la empresa minera había reconocido que debía pagar una retribución, ha provocado más bien, que otras comunidades vecinas también se percaten del atropello de sus derechos y empiecen a exigir un resarcimiento económico por el uso de su tierras.
Si el gobierno quiere sinceramente resolver este conflicto sin un baño de sangre como resulto con el Baguazo, debe comenzar por reconocer sus errores, buscar los interlocutores validos y encontrar las soluciones consensuadas entre las tres partes del conflicto, el Estado, la empresa minera y la comunidad campesina.


miércoles, 27 de marzo de 2019

CONFLICTO MINERO


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Los problemas que la minería hace emerger en el país datan de varias décadas atrás, pero en los últimos años se ha agudizado mucho más, Conga, Buenaventura, Bambas, Tía María, por todos lados explotan los conflictos; el gobierno se pone al lado de las grandes empresas porque sabe que tiene una gran dependencia presupuestal de los ingresos provenientes de la actividad minera.
Los medios de comunicación masiva bombardean a la población con un discurso que busca solo agudizar las contradicciones, dividiendo los actores en promineros y antimineros, no hay punto medio, si no los apoyas, estas contra ellos.
Pero la discusión real no es si la minería es buena o mala, esta calificación recae en la forma como esta puede ser ejecutada, es totalmente falsa la dicotomía entre promineros y antimineros, la verdadera discusión es entre una minería responsable y otra depredadora.
¿Cómo distinguimos a la minería responsable? Hay ciertos factores que tienen que cumplir.
1.    El pago de la renta por la tierra que van a ocupar.
a.    Porque la tierra pertenece generalmente a comunidades campesinas quienes han ejercido su derecho de propiedad desde tiempos ancestrales.
2.    El pago por el uso del agua.
a.    Porque igualmente el uso del agua de los ríos y lagunas está regulado por juntas de usuarios y una ley de aguas.
b.    Porque se debe garantizar el agua para las comunidades campesinas y las poblaciones aledañas.
c.     Porque se debe garantizar que la empresa tenga un proceso de descontaminación de las aguas que utiliza para los relaves.
3.    El pago de impuestos proporcionales, sobre el valor de la extracción, tanto a la comunidad propietaria de la tierra, al distrito, a la provincia, a la región, como al Estado.
a.    Porque no solo el Estado tiene que recibir los beneficios de la riqueza que se extrae de nuestro territorio, también cada una de las poblaciones que están en el proceso.
4.    El pago de reparaciones de los daños ecológicos, estructurales y de infraestructura causados por su actividad.
a.    Porque no hay minería que no sea dañina, por eso es necesario que la ley exija que las empresas mineras consideren un presupuesto para reparar esos daños en lo máximo posible.
b.    Porque las reparaciones no tienen que esperar hasta el fin de las operaciones, cada año se puede hacer una evaluación y ejecutar los avances que sean posibles, las reparaciones que no puedan ser hechas en adelanto, se deberían ser cotizadas y el monto depositado en una cuenta intangible para garantizar la ejecución cuando esta sea pertinente.
c.     Porque ante la eventualidad de un cierre de operaciones, tiene que estar contemplada la restauración del espacio en la medida de lo posible.
5.    Un plan operativo para disponer eficientemente de los desechos químicos, aguas residuales, relaves y toda clase de despojos producto de sus actividades.
a.    Porque las empresas tienen que hacerse responsables de todo tipo de desechos que producen sus operaciones, evitando el daño al medio ambiente y a las poblaciones aledañas.
b.    Porque debe darse preferencia a plantas de tratamiento que corrijan la toxicidad de los residuos y/o puedan ser reciclados para otros usos.
6.    Se refieren a árbitros internacionales compuestos con acuerdo de las partes para la resolución de conflictos
a.    Porque ante un conflicto o la necesidad de una interpretación, debe existir una entidad que tenga la confianza de ambas partes para determinar una solución.
¿Cuáles son las características de una minería depredadora?
1.    Hacen lobby para presionar al gobierno y obtener las concesiones mineras.
2.    Exigen enormes exoneraciones tributarias con el pretexto de favorecer la inversión extranjera.
3.    Abusan de su poder para someter a las poblaciones locales en los territorios que planean explotar.
4.    Causan enormes daños al entorno en que operan, sin un plan de recuperación, o el pago de reparación que asignan es puramente simbólico.
5.    Hacen uso abusivo del recurso hídrico para sus operaciones perjudicando fuertemente a la población local.
6.    Disponen de sus desechos de manera irresponsable, poniendo en peligro la salud y la seguridad de las poblaciones locales.
7.    Sin un plan de cierre, cuando la extracción es insuficiente, abandonan el lugar dejando un territorio infecundo, depredado e inestable.
8.    Siempre tendrán como prioridad maximizar el incremento de sus ganancias antes que el bienestar de sus trabajadores o de la población con la que actúan.
9.    No actúan nunca en función de una nación o de un ideal humanitario, sino en función de intereses privados.
10. En una situación de conflicto acuden a tribunales internacionales cuya composición les es favorable.
Es totalmente comprensible, en un entorno de economía capitalista, donde esta se rige por las normas del mercado, que la empresa busque maximizar sus ganancias, pero es también responsabilidad ineludible del Estado establecer las regulaciones pertinentes para salvaguardar los intereses nacionales.
La minería, como cualquier otra actividad económica, no puede ser regida solamente por el mercado, las sociedades humanas necesitan ser protegidas de la depredación del capital, para esto los gobiernos despliegan leyes buscando el beneficio de su población.
El recurso mineral es no renovable, pero tampoco tiene fecha expiración, va estar siempre allí, mas bien, con el tiempo y las urgencias de la industria, su valor se va a incrementar, existe una urgencia del Estado por el hecho que el dinero que obtiene sostiene una parte importante del presupuesto nacional, pero también los consorcios mineros tienen urgencias de colocar sus capitales y de satisfacer la demanda del mineral.
Lo que los capitales foráneos, de empresas realmente serias, buscan actualmente es estabilidad jurídica y política; conocen que las condiciones extremadamente favorables, obtenidas a través de gobiernos corruptos, son efímeras y están cambiando de naturaleza constantemente; claro que siempre habrán empresas, también precarias, que están dispuestas a correr los riesgos, que luego son cargados a sus accionistas, con estafas colosales que luego serán noticia mundial, pero no son estas empresas el objetivo de nuestro desarrollo.
En la situación actual, hay que entender que no se pueden ejecutar cambios radicales en la política minera del país de un día para otro, tenemos que transitar por un proceso a mediano plazo, pero el gobierno tiene la responsabilidad de establecer, mientras tanto, un balance entre la necesidad de sustentar el presupuesto nacional, con la defensa del bienestar ciudadano, sin hipotecar el futuro del país.
La minería es inevitable, pero desarrollémosla de manera responsable, evitemos las inversiones golondrinas que solo buscan la oportunidad para depredar, obteniendo ganancias rápidas y fáciles, dejando un profundo daño en las localidades que operan.
Otra situación es la de la minería ilegal, donde el Estado tiene que asumir otro tipo de responsabilidad, pero es un tema complejo que podremos exponer en otra oportunidad.