Pase gran parte de mi niñez en el barrio de Breña, muy cerca
al cine Danubio, vivíamos en una casona
antigua, nuestra vecina, y con esto quiero decir que vivía en la puerta más
próxima a la nuestra, era mi tía María, mi madre nunca se llevó bien con ella,
porque era chismosa y muy metiche, quería influir en lo que nosotros debíamos o
no hacer; por eso nunca tuvimos una relación cercana con ella.
Pero no es de esa tía María la que quiero hablarles hoy día;
Tía María significa hoy en día, el futuro de todo proyecto minero en el Perú,
eso explica, en parte, la ignorante tozudez del gobierno por llevar adelante
este proyecto a todo costo social ; hace unos días leí, en un periódico local, el
análisis de Marco Martos acerca del conflicto, muy acertado por cierto; a lo
que tendría que agregar que la dicotomía que se trata de presentar en este
conflicto es totalmente falsa, no se trata de pro mineros y anti mineros, el
problema traspasa los límites de la minería, es un problema que tiene que ver con
los fundamentos de la convivencia y la supervivencia de los seres humanos en
este planeta.
Habría que empezar por reconocer que toda actividad
extractiva afecta el entorno ambiental y el balance ecológico del área, tanto la agricultura, la
ganadería, la pesca, como la tala y la minería modifican el medio ambiente y
afectan el balance ecológico, por tanto ponen en peligro la forma de vida de
las poblaciones; unos con más fuerza que otros, dependiendo de los factores de
intensidad y ubicación geográfica entre otros.
Sin embargo, debemos también reconocer que la minería, tanto
así como la agricultura y la ganadería, tienen su necesidad de ser, para la
supervivencia, el progreso y la comodidad del ser humano; unos nos proveen del
alimento y el otro de la materia que nos permite disfrutar una calidad de vida
superior. Sin mencionar, algo realmente importante en la realidad social de
nuestro país actualmente, la enorme fuente de divisas proveniente la
exportación de mineral, y que es una parte sobresaliente de nuestro crecimiento
económico.
Todo proyecto extractivo, no solo los de la minería, deben
contar con el respaldo de los respectivos estudios de impacto ambiental y el
acuerdo con las poblaciones de las áreas afectadas.
El problema presenta cuatro aspectos fundamentales, el
primero, exigir que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para evitar
los daños en el entorno ambiental durante la explotación; el segundo, exigir la
reparación hasta donde sea posible de los daños inevitables causados por la
explotación e incluso después de terminado el periodo de explotación; el
tercero, definir los beneficios correspondientes, de las ganancias comerciales,
tanto para la empresa extractora, como para la población afectada, y para el
Estado proveedor de la riqueza natural; y en cuarto lugar, el más complicado de
todos, encontrar representantes honestos en cada una de las partes en conflicto
para negociar un consenso de los primeros tres puntos.
Es obviamente muy difícil encontrar representantes honestos,
en las partes afectadas, como se demuestra después de los escandalosos audios
difundidos por la prensa, poniendo al descubierto las exigencias monetarias de
un grupo de dirigentes para levantar el
paro contra la minera en Islay; cuando se trata de negociar un emprendimiento
que va a mover ingentes cantidades de dinero, esto en un país donde los índices
de pobreza extrema continúan siendo muy altos.
El conflicto llevado a sus extremos por la ignorancia de los
responsables de manejarlo, ha provocado, ya varios muertos y muchos heridos, en
ambas partes; declarar el estado de emergencia y militarizar el conflicto no va a detener la escalada de violencia,
solo va a cambiar la naturaleza del mismo, tornándolo más político de lo que ya
está.
Ciertamente la economía del país se vería gravemente
afectada sin las inversiones mineras, es una legítima preocupación del
gobierno, pero imponer estas decisiones a sangre y fuego no facilitara la
llegada de las inversiones; la paz social, así como la estabilidad de las leyes
y un gobierno legitimado, requeridos para convertirnos en un atractivo entorno
para las grandes inversiones, solo se logran con estructuras políticas que
permitan un consenso social.
Si el problema presenta los cuatro aspectos, antes
referidos, la solución del conflicto presenta dos principales aspectos:
1-
El más importante, para cualquier tipo de
conflicto, desde las pequeñas disensiones familiares, hasta los debates entre
Estados, es tener una real voluntad de dialogo, donde aceptas que negociar
significa que cada parte debe estar dispuesto a ceder parte de sus intereses en
pos de llegar a un acuerdo; esto ya nos sirve para sentarnos en la mesa de
dialogo.
2-
Posterior a esto necesitamos una representación legítima;
nuestra democracia sufre mucho con el sistema de delegación de poderes, una
persona o un pequeño número de ellas no deberían tomar decisiones en nombre de
otras, especialmente cuando estas decisiones van a significar un importante
cambio en la forma de vida de la población.
La única forma, no de eliminar la corrupción, porque los
funcionarios corruptos siempre encontraran nuevas formas de intervenir, pero sí
de minimizar su accionar, es que la representación se legitimase mediante los
mecanismos de democracia directa, cada representante no está llevando a la mesa
su propio plan, su punto de vista o sus pensamientos personales, sino que lleva
un mandato discutido y decidido previamente en sus bases.
La actual crisis provocada con los proyectos, Bagua, Conga,
Tia Maria y últimamente Cuajone, es consecuencia de la falta de autoridad del
gobierno, con falta de autoridad no quiero decir mano militar, sino por el
contrario falta de legitimidad, esa que algunos sienten ganada permanentemente
porque una vez ganaron una votación; tienen que entender que hace siglos
dejamos atrás los sistemas monárquicos en que los reyes gozaban de carta blanca
para gobernar, actualmente el gobernante debe ganarse la legitimidad día a día,
no se puede esperar que siempre estemos de acuerdo con todas las decisiones que
se toman, pero tampoco podemos aceptar que se trasgreda continua y consecutivamente
la voluntad ciudadana.
Que existen grupos violentistas que están explotando la
crisis, es muy posible, pero ninguno de ellos tuviera el menor chance si esta
hubiera sido manejada debidamente; solo la increíble incapacidad y testarudez
del gobierno ha generado suficiente campo de cultivo para que los grupos más
radicales encuentren base sobre la cual erigirse.
Una vez más, el dilema entre pro mineros y anti mineros, es
falso, lo que tienen ambos en común es un temor extremo a enfrentar a las
grandes transnacionales mineras; los pro mineros, temen enfrentarles porque podrían
perder los beneficios y comisiones que estas grandes inversiones conllevan, así
como a las graves consecuencias para la economía del país si estas amenazaran
con retirarse; y los anti mineros, temen
enfrentarse a los inmensos poderes de estas transnacionales, porque no quieren
arriesgar el pobre entorno de vida en que se desenvuelven y no confían en los
ofrecimientos y promesas de autoridades que siempre les han dado la espalda
luego que han obtenido su voto. Ambos
sectores necesitan deshacerse de sus miedos y prejuicios y enfrentar en
conjunto el dilema en común: Negociar con las empresas mineras en términos de
equidad.
Estamos aún a tiempo que se tomen medidas positivas y se
impida mayor derramamiento de sangre, ni de los pobladores ni de los policías,
y dar los pasos necesarios para que se restablezca la autoridad del gobierno y
se respete la voluntad ciudadana.
