ODEBRECHT Y EL ACUERDO

Todavía siguen alzando la voz quienes tratan de desactivar el acuerdo con Odebrecht, podemos estar de acuerdo que no es el acuerdo mas favorable para la justicia peruana, pero tratar de obstaculizarlo es solo hacerle el favor a la mafia de corrupción enquistada por décadas en las instituciones del Estado.

Empecemos por desmenuzar cada una de las objeciones que levantan los defensores de la corrupción.

1.    El acuerdo deja impune a los directivos de Odebrecht.

Cierto, cabe recordar aquí que la justicia peruana no tiene ninguna prueba concreta de los delitos de cohecho cometidos por la empresa, solo gracias a las investigaciones realizadas en Estados Unidos y la justicia brasilera, se tuvo conocimiento de dichos actos, y en virtud de que dichos funcionarios se acogieron a la ley de colaboración sincera en Brasil, están dispuestos a declarar y ofrecer pruebas de la red de corrupción existente en el Perú, sin esos datos la justicia peruana tampoco tendría pruebas concretas de dichos actos ilícitos, solo obtendríamos referencias de declaraciones hechas en el extranjero que ameritan investigación; por eso es importante acceder a la información que Odebrecht puede facilitar en concordancia  con el trato de colaboración sincera a que se ha sometido en su país, que implica que no sean acusados ni penalizados en otros países donde actuaron; finalmente para el país es sumamente mas importante lograr pruebas que revelen la red de corrupción enquistada en el Estado, para poder desarticularla definitivamente, que penalizar a una empresa extranjera que ya se encuentra bajo la lupa y no podrá continuar actuando ilícitamente.

2.    La suma por reparación pactada en dicho acuerdo es irrisoria.

    Puede ser, no irrisoria, sin embargo, quizá podíamos haber negociado una cifra un poco mayor, pero no olvidemos que el calculo de dicha suma esta hecha de acuerdo a una formula estipulada por una ley aprobada para estos casos y que casualmente fue aprobada por este Congreso con participación mayoritaria de Fuerza Popular y el Apra; además esta suma solo contempla los cuatro proyectos que se están investigando por principio. El tema de los quince años de plazo para los pagos es discutible, se supone que se ha hecho teniendo en cuenta la liquidez de la empresa, es preferible obtener el dinero en cuotas que obligar a la empresa a declarar una quiebra y no obtener nada, recordemos que la empresa está pasando una severa crisis a raíz de estos escándalos financieros.

3.    Odebrecht solo se hace responsable de cuatro proyectos mientras hay más de sesenta pendientes.

Cierto, en este acuerdo solo se incluyen los cuatro proyectos mencionados, pero la colaboración sincera pactada con la justicia brasilera implica que debe continuar brindando información sobre sus actividades en el país, lo que quiere decir que conforme vaya saliendo la información acerca de otros proyectos, se negociaran nuevos acuerdos y habrá más pruebas de los ilícitos cometidos.

4.    Odebrecht solo pagara 600 millones de reparación al Estado mientras ellos exigen pagos por miles de millones en las cortes internacionales.

También cierto, pero mientras su pago de reparación es un acuerdo pactado, sus pedidos de pago son solo reclamos ante las cortes, carentes de sustento de acuerdo a nuestras leyes y pendientes de una resolución judicial.

5.    El Estado peruano debe incautar todas las propiedades de la empresa en el país para exigir una reparación justa.

En primer lugar seria contra la ley una incautación sin tener la pruebas contundentes de los ilícitos cometidos por la empresa, conllevaría a una tensa relación entre países vecinos y reclamos ante la justicia internacional, como dije hasta el momento solo tenemos referencias de las declaraciones hechas en el exterior; segundo, una acción punitiva contra la empresa solo traería el rompimiento de la colaboración eficaz a que se ha sometido en Brasil, conseguiríamos unos activos devaluados en el país y dejaríamos intacta la red de corrupción que nos asfixia.

6.    Ya tenemos toda la información de los ilícitos, no necesitamos el acuerdo.
Falso. Lo que se ha logrado hasta el momento, gracias a la acción eficaz de los fiscales designados, son declaraciones de testigos y colaboradores que mencionan la forma como la mafia operaba, pero para usar efectivamente estas declaraciones como pruebas en un juicio, se necesita que sean corroboradas, para eso es imprescindible seguir la ruta del dinero proveniente de la caja 2 de Odebrecht, información que poseen sus directivos.

7.    El gobierno esta usando este caso para perseguir a sus adversarios políticos y proteger a sus aliados.

Falso. La información, solo de estos cuatro casos que se están tratando hoy, implica tanto a los gobiernos de Toledo, Alan, Humala, PPK, Villaran, Flores, alcaldes y gobernadores regionales, el club de la construcción, y así como estos, nada impide que pueda salir información que implique al actual gobierno; la investigación esta siendo tomada seriamente esta vez, no en la forma anterior que aleccionaban a los fiscales a preguntar por unos, pero no indagar nada sobre los otros (AG).

Lo importante es que debemos tener en cuenta la relevancia de este acuerdo, más allá de castigar a una empresa corrupta, más allá de los millones que podemos perder en la reparación, es determinante obtener la información completa que devele los alcances de esta red mafiosa en el Perú, destruir su organización es vital para el país, porque si solo cortamos un par de cabezas visibles, como sucedió al termino del fujimorato, la maquinaria queda intacta y surgirán nuevos agentes que manejen los hilos y esto costara al Perú muchos mas miles de millones, durante muchos años, que lo que podríamos pedirle a Odebrecht, sin mencionar lo que esto significa para el desarrollo patrio.

En definitiva, no es un acuerdo perfecto, pero finalmente tenemos un acuerdo, que implica un beneficio mutuo entre la empresa y el Estado, ellos obtienen su inmunidad y nosotros la información para desarticular a la mafia que opera en el Perú.

VENEZUELA EN EL CORAZON

Caracas es la cuna de Bolívar, de donde partió la expedición libertadora para expulsar al colonialismo español de toda América; Venezuela, su heredera, se encuentra nuevamente hoy bajo ataque de una potencia extranjera.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la egida de Trump, le impuso un bloqueo comercial ilegal, impidiendo la llegada al país de medicinas, alimentos y la maquinaria necesaria para el normal funcionamiento del Estado, asfixiando al pueblo y buscando la caída del gobierno.

A la vez que manipuló el mercado financiero, a través de sus adláteres, traficando con la moneda para crear una hiperinflación, las grandes empresas esconden los alimentos para venderlos a precios exorbitantes en el mercado negro, las agencias norteamericanas financian y alientan a las facciones mas radicales de la derecha opositora para que cometan actos violentos de protesta, tratando de arrinconar al gobierno.

El interés concreto de la potencia norteamericana es acceder al control de los inmensos recursos petroleros de Venezuela, para ello preparan una intervención militar desde Colombia, “para restaurar el orden y la democracia”.

Los pretextos son evidentes, hablan de una crisis humanitaria que ellos mismos han provocado con el embargo comercial, hablan de un gobierno ilegitimo y dictatorial, olvidando como azuzaron y apoyaron las dictaduras militares sangrientas en América Latina en décadas pasadas, hablan de un gobierno corrupto que es necesario erradicar, pero solo ven corrupción en Venezuela, cierran los ojos a los demás.

Si fuera legitimo su interés como potencia mundial, de erigirse como policía internacional, deberían poner su atención en África, donde se viven reales crisis humanitarias, donde la gente muere literalmente de hambre, o en Haití para no ir muy lejos; si hablan de gobiernos dictatoriales, dejen de apoyar a Arabia Saudita donde la cúpula reinante comete graves atentados contra los derechos humanos; por otro lado, si la corrupción de un gobierno merece una intervención militar, tendríamos que pedir que ocupen el Perú, Brasil, México, solo para empezar.

Maduro tiene que irse, su gobierno ha caído en ilegitimidad, es legal, porque ha sido elegido democráticamente, pero es ilegitimo porque se ha convertido en un obstáculo para la pacificación del país.

Maduro es un mal gobernante, ha cometido muchos errores tanto en el manejo económico el país como en el campo político, la polarización de la sociedad venezolana, aunque empujada por la intervención extranjera, no debió suceder, el manejo de las reservas debió ser mas cauto ante las amenazas que se veían venir, la política exterior debió servir para sumar apoyos y no dejar que se aísle al país internacionalmente.

Si reconocemos que hay un gobernante ineficaz en Venezuela, esto no puede llevarnos a sostener la intervención extranjera en ese país que lo único que busca es apoderarse de las reservas de petróleo con que cuenta; los problemas políticos de Venezuela tienen que resolverlos los propios venezolanos, en Perú expulsamos a Fujimori sin solicitar apoyo extranjero, en Chile expulsaron a Pinochet, en Argentina a Videla y así los pueblos toman su autodeterminación en las circunstancias en que viven.

Apoyamos al pueblo venezolano en su resistencia contra la intervención extranjera, que trae oscuros intereses, pero no significa una carta blanca para Maduro, seguiremos apoyando al pueblo venezolano en su lucha por cambiar su sociedad, por restaurar la democracia y tener un gobierno legítimo.

EL CADAVER DE CHAVARRY

Con cinco denuncias constitucionales pendientes en el Congreso, donde recibe el blindaje de la mayoría apro-fujimoristas, enfrentando el pedido de apartarse del cargo hecho desde la presidencia de la república, con la desaprobación de la mayoría de fiscales de su institución, así como de la mayoría de la ciudadanía y ante la inminencia de la llegada de la información acerca de las personas involucradas por los actos de corrupción de la empresa Odebrecht, al concretarse el acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades brasileñas; el fiscal de la nación Pedro Chavarry decide inmolarse cual bonzo budista, justo a pocas horas de la medianoche del 31 de diciembre, cuando toda la población se preparaba para celebrar el año nuevo, anunciando la destitución de los fiscales Vela y Pérez del grupo de investigación del caso Lava jato.

¿No evaluó Chavarry el impacto social de su decisión? ¿realmente pensó que anunciar esta medida cuando se celebraba el año nuevo amortiguaría la protesta y no habría consecuencias graves? Difícilmente puedo pensar que una persona con un mínimo de criterio tenga esta sustentación.

¿Por qué tomo tanto riesgo con una decisión de esa naturaleza? No podemos pensar que fue solo por aferrarse al cargo, desde su nombramiento estuvo enfrentado una fuerte desaprobación, la que se fue incrementando exponencialmente con su accionar en el puesto, el cargo asumido era por tanto evidentemente efímero, no podía sostenerse en el tiempo; la única razón por la cual necesitaría ostentar el cargo es para desde allí poder manipular la información del caso Lava Jato y tratar de evitar que sus aliados en el fujimorismo y el Apra sean descubiertos.

 Pero nos preguntamos nuevamente ¿Por qué estaría el dispuesto a sacrificarse para salvar a sus aliados? La respuesta con mas sentido es que aquellos “aliados” en realidad lo tienen chantajeado con información que lo podría llevar a la cárcel, junto con ellos.

Sin embargo, harta gente que esta harta de la corrupción, como escribe nuestro amigo Gonzales Viaña, salió a las calles a defender los fueros de los fiscales destituidos, no solo en Lima, sino a través de las principales capitales de provincias, lo que no pudo apaciguarse ni con las celebraciones de fin de año, no solo eso, sino que el ejecutivo planteo la reorganización del ministerio público, poniendo la cuestión de confianza en el congreso para exigir su aprobación, los fiscales nombrados para reemplazar a los destituidos, renunciaron a asumir el cargo, la junta de fiscales supremos también tomaron medidas para enfrentar el hecho provocado, aceptando la recusación contra la medida del fiscal de la nación; creando un momento político de crisis institucional.

Chavarry dio marcha atrás y volvió a ratificar a los fiscales destituidos, dejando sin efecto su resolución anterior, pero ya no se puede retroceder los pasos dados, ha quedado al descubierto en sus intenciones, el pequeñísimo porcentaje de legitimidad que aun le quedaba ha sido destruido, ahora hasta sus “aliados” lo desconocen y piden su renuncia, es una ficha quemada, dejo de ser útil.

¿Cuáles son los planes ahora del fujimorismo para salvar lo mas que se pueda de su aparato de corrupción con el que copa las instituciones? Habrá que esperar los resultados de la información que llegará desde Brasil.

No podemos dejar de estar atentos y vigilantes, ni en fechas festivas, aprendemos de la experiencia.

CULTURA, EDUCACION Y CAPACITACION

Tres conceptos que frecuentemente se confunden y los tratamos como uno solo.

La cultura tiene mas que ver con el entorno en que nos criamos, especialmente cuando perteneces a una determinada etnia, hay costumbres que se socializan en el grupo social, iconos, expresiones artísticas y rituales que le dan un significado propio a la etnia, también ciertas habilidades que se desarrollan en función al ambiente donde se asienta el conjunto humano; como verán, no se necesita ser educado para tener un enraizamiento cultural definido.

La educación se adquiere en las aulas y tiene que ver no solamente con la obtención de los conocimientos para convertirse en un miembro activo de la comunidad, sino también con las aptitudes de socialización, la posesión de valores, así como la claridad para racionalizar una visión del mundo, planear una ruta de vida y tener una mente critica de la realidad; una educación de alto nivel no es incompatible con un marco cultural étnico.

La capacitación es la forma de obtener una habilidad para hacer algo en particular, una técnica para trabajar en una única labor, de esta forma se adquieren en forma expeditiva, acortando los plazos de estudios, solo los conocimientos estrictamente necesarios para desarrollar esta única labor; estar capacitado no te da un marco universal de la realidad, no te hace una persona educada.

Actualmente se intenta hacer pasar la capacitación como educación, con la finalidad de crear una masa de mano de obra barata muy calificada, dándoles el título de profesionales; es la forma como el sistema reproduce el material del cual se alimenta.

Hacen pasar por cultura actos de primitivismo para ocultar la verdadera situación de abandono y sometimiento a que tienen reducido a una parte importante de la ciudadanía y de este modo estigmatizar el potencial transformador de las etnias.

Esta es la importancia de esclarecer dichos conceptos, abrir los ojos a la realidad y probarnos a nosotros mismos que podemos ser más que la carnada que alimenta el sistema de injusticia social al que nos tienen sometidos.

POST REFERENDUM

Pasamos la prueba, la ciudadanía dio pleno respaldo la lucha contra la corrupción; pero tal como habíamos mencionado, esto es solo un primer paso, aun hay mucho trabajo por hacer.

En primer lugar, tenemos que estar muy vigilantes acerca de la conformación de la nueva Junta Nacional de Justicia, recordemos que el actual Fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial, quienes están comprendidos en las investigaciones del caso “Los cuellos blancos” aun serán parte de la comisión encargada de nombrar a sus miembros.

Seguidamente es necesario poner atención al nombramiento de nuevos jueces y la destitución de aquellos que estuvieron involucrados en las redes de corrupción que invaden el Poder Judicial.

Asimismo, es imprescindible revisar todos los fallos emitidos por estos jueces corruptos y que comprometen el concepto de Justicia.

En cuanto al financiamiento de las organizaciones políticas, hay que impedir que mafias de criminales se enquisten en sus dirigencias, o que los intereses económicos, tanto de fuentes delincuenciales, como de empresas, las manipulen en beneficio propio; pero también regular su funcionamiento interno de acuerdo al espíritu de la democracia, del mismo modo abrir las posibilidades para que nuevas agrupaciones se formen y participen de la vida institucional del país.

Queda aprobada la no reelección de congresistas, no permanentemente, desvirtuando a los críticos de la medida que se figuran un parlamento siempre novato, sin experiencia legislativa; simplemente no se reelegirán en periodos consecutivos, lo cual limita el problema de la inexperiencia al primer mandato, pues en los sucesivos, los excongresistas podrán postular nuevamente; pero también es necesario cambiar la calidad de nuestros futuros legisladores, reglamentar más severamente los requisitos para los postulantes, proponer filtros mas agudos por los cuales tamizar sus hojas de vida, sanciones drásticas y expeditivas a los infractores así como los delincuentes infiltrados en la política; en este sentido la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria es una herramienta importante para que sean juzgados como cualquier ciudadano que delinque y que el parlamento no tenga posibilidad de blindarlos.

Otra medida que debemos considerar es, a contracorriente de los que plantean eliminar el voto preferencial, eliminar el voto singular por una organización política, que ha traído como consecuencia que desconocidos impresentables logren alcanzar una representación legislativa solo por la obligación de cumplir con un porcentaje adquirido por su organización política, exacerbado por una cifra repartidora que favorece a quien obtuvo una mayoría;  la mayoría de congresistas que están sentados en sus puestos, no han sido elegidos porque son conocidos por sus votantes, porque se han ganado su representación, ninguna mayoría ha votado por ellos, simplemente fueron escogidos por estar en la lista de candidatos, cuyo puesto en la lista han comprado monetariamente.

Las organizaciones políticas deben alcanzar su representación como la suma de los votos que alcanzan sus candidatos, nada más.

Esencialmente no hay que tomar el resultado de este referéndum con triunfalismo, es solo un pequeño paso adelante, hay todavía muchas reformas más que iniciar, tenemos que aprovechar la ola de indignación que ha generado el escándalo de las mafias corruptas enquistadas en las instituciones del Estado y generar todo un movimiento de reivindicación ciudadana, hay que empoderar la democracia con un nuevo sentido mucho más inclusivo, en camino hacia la construcción del nuevo Perú que soñamos.

SI...SI...SI...NO

Este domingo se realizará el referéndum convocado por el gobierno peruano para decidir algunas reformas a la Constitución.

A pesar de la popularidad de dichas reformas, hay aún muchos críticos de su contenido y propósito, desde ambos extremos.

Desde la derecha se le critica como una medida populista dirigida por Vizcarra para consolidarse en el poder, subir en las encuestas, conseguir legitimación en una campaña para destruir a la oposición y distraer la atención de otros implicados en la corrupción del caso Lava jato, blindando a sus socios en el negociado.

Desde la izquierda se critica la superficialidad de las propuestas, dado que la Constitución no solo necesita un par de reformas, que son vistas como un parche inútil, para ellos la Constitución necesita un cambio total que signifique un empoderamiento de los pueblos; desde esta perspectiva coinciden con la derecha en que Vizcarra usa el referéndum para consolidarse en el poder.

Sinceramente hay que reconocer que las propuestas del referéndum no van a ser una solución a los problemas de corrupción y abuso de poder que aquejan al país, son unas reformas débiles e incompletas; pero, el solo hecho de que se hayan planteado por primera vez, con la amplitud que se ha desarrollado, significa ya un paso adelante; otro logro de este referéndum es el golpe que significa para la cadena de corrupción liderada por los fujimoristas y apoyada por los apristas, que tienen aposentada su hegemonía en el poder legislativo y el poder judicial.

No podemos esperar una solución radical en el contexto social que estamos viviendo, pero negarnos a apoyar una acción que significa, aunque sea, un pequeño avance hacia una solución integral, significa bloquear las posibilidades de desarrollo de una plataforma mayor, en la espera de condiciones para una revolución sociopolítica radical.

Los resultados de este referéndum no serán la panacea política que resuelva la crisis del Estado peruano, pero, repito, es un paso adelante que no debemos despreciar; mas bien hay que usar esta plataforma para mantener una ciudadanía vigilante hacia el desarrollo de los acontecimientos del país e iniciar nuevas propuestas que signifiquen más pasos adelante en esta lucha contra la corrupción y por el poder político; entender este referéndum como el inicio de un movimiento hacia una reforma radical, hacia una nueva Constitución, hacia una patria deseada.

Votemos SI, en la primera propuesta porque significa romper la columna vertebral a la mafia que manejo el nombramiento de jueces y fiscales, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecer intereses políticos, personales y enriquecerse vendiendo sentencias al mejor postor.

Con el nuevo organismo serán siete autoridades quienes elegirán a su vez a siete magistrados, quienes serán los responsables de los nombramientos en el poder judicial.

Votemos SI, en la segunda propuesta porque significa un mayor rigor en el control del financiamiento que reciben las organizaciones políticas, de esta manera evitar que las empresas, que luego negociaran con el Estado, compren los favores de los lideres políticos, como ha venido sucediendo y cuyo gran ejemplo es el caso Odebrecht.

Votemos SI, en la tercera propuesta porque, no solo en este Congreso, sino que desde hace un par de décadas, sus representantes han demostrado una elevada incapacidad política, un desconocimiento de la voluntad ciudadana y han estado ejerciendo su poder en provecho propio y blindando delincuentes e impresentables, por lo menos en este Congreso la gran mayoría merece irse a su casa, si no a la cárcel, no permitiremos que vuelvan a presentarse a una reelección.

Los que están en contra de esta propuesta argumentan que le restaría eficiencia al Congreso tener a todos sus miembros nuevos, porque no habría una reserva de experiencia para el manejo de los procedimientos legislativos, pero, entendamos que no estamos votando por la no reelección absoluta, sino por la no reelección inmediata, lo que limita este problema solo al primer Congreso elegido con este sistema, ya que algunos congresistas podrán reelegirse en el siguiente periodo y así sucesivamente.

Votemos NO, en la cuarta propuesta porque, en primer lugar, pretende ser usada por los actuales congresistas para hacer trampa a la tercera propuesta, y hacerse reelegir, ya no como congresistas, sino como diputados o senadores; en segundo lugar, porque pretende incrementar el número de representantes generando un mayor gasto público, no solo en sus altísimos salarios y bonificaciones, sino en asesores, seguridad, movilidad, viajes, infraestructura en oficinas legislativas, etc., además que se pretende introducir en este texto modificaciones a la potestad del ejecutivo para establecer una cuestión de confianza y con esto se altera el equilibrio de poderes que es base de una democracia; sin contar con que no se tuvieron en cuenta las cuotas étnicas y de género en las representaciones.

Por principio debemos ser conscientes que ninguna reforma es capaz de asegurarnos 100% que no volverán a ocurrir los mismos problemas de corrupción y abuso de poder que estamos sufriendo, siempre habrá delincuentes dispuestos a torcer la ley y encontrar una rendija que les permita burlar la justicia; toda decisión es siempre una apuesta, toda apuesta conlleva riesgos, pero lo inteligente es dirigir nuestra apuesta hacia la decisión que tiene menor riesgo; esto debería hacernos conscientes que no basta con emitir nuestro voto  y dejar en manos de las autoridades que se hagan cargo del resto, necesitamos estar siempre vigilantes de la forma como las normas se van cumpliendo y ser miembros activos de nuestra sociedad impulsando nuevas propuestas que coadyuven al desarrollo de nuestra nación en el sentido que deseamos, con justicia y equidad.

Poe estos motivos y con la esperanza de construir un Perú mejor para nuestras generaciones posteriores este domingo:

SI…SI…SI…NO

EL INDEFENDIBLE

¿Alguien cree que hay persecución política en el Perú? ¿Es decir que el gobierno impone al poder judicial encarcelar a sus enemigos políticos?

Lo que ven el 65% de los peruanos es que la justicia por fin esta haciendo debidamente su trabajo y esta persiguiendo a los delincuentes poderosos de cuello blanco que se afincaban en el poder del Estado para cometer sus fechorías; si estos están efectivamente infiltrados dentro de organizaciones políticas, no es motivo para librarlos, ni para demonizar a dichas organizaciones, sino especialmente para limpiar la política de esas organizaciones criminales que las han logrado infiltrar.

Del 45% restante muchos están aun esperando mayores resultados de las investigaciones, y solo una pequeña minoría, algunos engañados por la propaganda fujimorista, y otros porque defienden intereses concretos que los involucran en el aparato de la corrupción, levantan la voz tratando de defender lo indefendible.

¿Cómo justificar la persecución política si no solo Alan y Keiko están siendo procesados por sus delitos, sino todos los últimos expresidentes que sobreviven, pertenecientes a diferentes bancadas políticas cada uno, e incluso el actual presidente esta sometido a investigaciones por el poder judicial?

Alan García y el Apra están muertos políticamente hace un tiempo, en la última elección lograron salvar la inscripción como partido solo gracias a argucias legales ampradas por sus socios enquistados en la ONPE.

Se rasgan las vestiduras porque se hace uso de la prisión preventiva para investigarlos, pero la realidad nos demuestra que como organización criminal, en primer lugar tienen o han tenido, el poder de influenciar en los ámbitos judiciales y de instigar o amenazar a testigos claves, además de tener la capacidad de fugar del país para no enfrentar los cargos que se les imputa, como ya lo vienen haciendo varios de ellos; ¿entonces, debemos permitir que desvirtúen la investigación de la justicia o dejar que la evadan huyendo al extranjero?

¿Cree Alan García que ocultándose en la embajada de Uruguay los peruanos pensaremos que es un perseguido político? ¿cerraremos los ojos y olvidaremos las imputaciones de Odebrecht, de Barata, de sus propios exministros y otros testigos protegidos?

¿Debemos también ignorar las pruebas que se presentaron cuando fue juzgado por el caso BCCI y la venta de los Mirage, y que escapo a Francia hasta que sus delitos prescribieron?

¿Olvidaremos que ordeno bombardear el penal del Frontón para debelar una rebelión de los prisioneros de Sendero y rematar a los rendidos?

¿Olvidaremos que también ordeno repasar a los rendidos del MRTA en Los Molinos?

¿Ignoraremos además todas las fechorías que cometió con las mujeres, así como la negación de un hijo que fue obligado a reconocer por la presión pública?

Alan García no solo es un delincuente común, es un psicópata con pretensiones de superioridad que, utilizando toda una maquinaria que la corrupción organizada introdujo en el Estado, robó a manos llenas de las arcas públicas.

Uruguay no puede aceptar un asilo a un delincuente de esta naturaleza, sin conllevar que el Perú tiene un gobierno antidemocrático, donde la justicia esta sometida al poder ejecutivo para acabar con la oposición política, lo que implicaría no solo un quiebre entre las relaciones entre ambos países, históricamente estables, sino que pondría sobre la mesa el descredito del país en el ámbito sudamericano, se enfrentaría además a una fuerte reacción ciudadana en su propio territorio y abriría un precedente para que otros políticos, que han cometido delitos en sus países, busquen asilo en sus tierras para evadir la justicia.

La alianza entre el fujimorismo y el Apra para proteger sus fechorías enfeudando el país esta al descubierto, se está dislocando las cabezas de esa mafia, salen al frente nuevos y jóvenes magistrados que, ahora si, no exculpan a los delincuentes como sus antecesores, por eso han empezado a huir.

No podemos permitir que nuestro país sea puesto en la lista de dictaduras por perseguir a las organizaciones criminales enquistadas en el poder político, ni Keiko ni Alan representan a nuestra nación; el Perú es mas grande que los delincuentes que tratan de utilizarlo.